Políticos debaten este viernes la adaptación de los colegios profesionales a la Ley Ónmibus

La Unión Profesional de Galicia, que defiende los intereses de cuarenta colegios profesionales de la comunidad autónoma y representa a más de 45.000 profesionales de un total de 23 titulaciones universitarias, organiza este viernes una jornada en Santiago sobre la adaptación del sector a la Directiva Europea de Servicios, en concreto a la Ley Ómnibus.

La Unión Profesional de Galicia, que defiende los intereses de cuarenta colegios profesionales de la comunidad autónoma y representa a más de 45.000 profesionales de un total de 23 titulaciones universitarias, organiza este viernes una jornada en Santiago sobre la adaptación del sector a la Directiva Europea de Servicios, en concreto a la Ley Ómnibus.

En la jornada, que se celebrará en el Centro Social Caixanova, participarán representantes de PP, PSOE y BNG, que, según recoge el programa, debatirán desde las 10.00 horas sobre el proyecto de Ley de Colegios Profesionales. A la clausura, a partir de las 14.15 horas, está previsto que asista el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro.

La Ley Ómnibus, que entró en vigor el pasado día 1, surgió de la transposición de la Directiva Europea de Servicios —Directiva 2006/123/CE— y ha obligado a varias modificaciones legales por parte de la Xunta y del Gobierno central. La continuidad de los visados profesionales y de la colegiación forma parte desde hace meses de las demandas de Unión Profesional de Galicia, presidida por José María Arrojo.

A la jornada asistirán representantes de colegios profesionales de Asturias y Portugal, con el objetivo de aportar su punto de vista sobre el presente y el futuro a corto plazo del sector. La conexión entre los colegios y las diferentes administraciones públicas será otro aspecto de debate en el encuentro del viernes, que también tratará la 'Responsabilidad Civil Profesional', título de una conferencia que impartirá el director de Área de Seguros Generales de Unespa, Manuel Mascaraque.

La nueva normativa europea puede afectar a la labor que prestan los colegios profesionales, cuyo trabajo busca aportar seguridad y garantías a los ciudadanos y usuarios al velar por la calidad de los servicios que realizan los profesionales colegiados.

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