Al menos una decena de familias han sido desalojadas este miércoles por una orden judicial de un bloque de Málaga en el que vivían, algunas de ellas de forma ilegal, sin luz ni agua y cuyo propietario había sido denunciado por acoso inmobiliario, según han informado este miércoles varias instituciones municipales.

El edificio, ubicado en los números tres y cinco de la plaza Mariscal de la capital malagueña, ha sido cercado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes han llamado a las puertas de los inquilinos y obligado al desalojo, según ha declarado el Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez.

Según ha manifestado a Gutiérrez uno de los vecinos, se ha producido un desalojo "a lo bruto" de inquilinos, muebles y enseres y una situación "bastante dramática" para personas mayores, mujeres embarazadas y con niños pequeños.

En el inmueble, en el que según el Defensor residían entre treinta y cuarenta familias, vivían algunas personas con contrato de alquiler, aunque desde hace un tiempo el propietario se negaba a cobrarles la renta, junto a otras que estaban allí de forma ilegal.

Varios de los vecinos presentaron denuncias ante el Defensor del Ciudadano hace cinco años debido a que el propietario los acosaba para que se marchasen y a las condiciones de abandono en la que se encontraba el edificio. Según Gutiérrez, hace tres años y medio el Consistorio abrió un expediente al dueño del edificio por incumplimiento de la función social de la propiedad y sacó el edificio a venta forzosa.

"Varias promotoras estaban interesadas, pero el Ayuntamiento fijó un precio excesivamente elevado y desde entonces el edificio se encuentra en abandono por la dejación del propietario y la no actuación de la Gerencia de Urbanismo", ha declarado el Defensor.

Las familias, que el Ayuntamiento cifra en una decena compuestas por unas treinta personas, han sido realojadas dos de ellas con sus familiares, otras dos en pisos en alquiler para inmigrantes y el resto ha aceptado ayudas económicas para el alquiler, ha indicado a Efe la concejala de Bienestar Social, María Victoria Romero.