Las investigaciones comenzaron el pasado mes de noviembre de 2009, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la compra en diferentes establecimientos comerciales de televisores de plasma y muebles por valor de 9.000 euros, a través del sistema de fraccionamiento del pago, con un crédito concertado a través de una entidad bancaria.

Tras esta primera operación, detectada el 17 de noviembre de 2009, y después de varios meses de investigaciones y análisis de diferentes fuentes, se evidenciaron un total de 60 nóminas falsificadas, con datos y sellos suplantados de 27 empresas, resultando estafadas 26 entidades financieras por compras financiadas en 21 establecimientos por valor de más de 1.400.000 euros.

Las investigaciones apuntan a que en esta trama presuntamente existía una persona, que era el organizador, el que se encargaba de conseguir los datos de las empresas, para luego confeccionar nóminas falsas.

Los datos de las empresas eran obtenidos a través de Internet, de facturas y publicidad. Los sellos eran confeccionados en empresas multiservicio, de Alicante capital, donde no levantaban sospechas al desconocer la relación con la empresa de la cual se solicitaba el sello.

Esta trama, captaba personas insolventes y con necesidad de dinero rápido, de las cuales, a cambio del pago de una cantidad que oscilaba entre 2.000 y 3.000 euros, conseguía todos los datos personales necesarios para cumplimentar nóminas falsificadas y financiar así la compra a plazos de diferentes productos.

En el caso de que la compra fuera de un automóvil, el mismo día que era recogido por el comprador, la organización se lo retiraba y lo entregaba al nuevo propietario, procediendo al cambio de nombre instantáneo, evitando que la entidad financiera, hubiera inscrito la reserva de dominio, y siendo el nuevo comprador, el legítimo propietario del vehículo al tratarse de un tercero de buena fe.

En todas las operaciones efectuadas, cuando la entidad financiera activaba los procedimientos para proceder al cobro de lo adeudado y finalmente demandaba al comprador inicial, resultaba que este, era insolvente, y las nóminas aportadas habían sido falsificadas, no pudiendo hacer frente al pago de lo adeudado.

Por otra parte, tampoco se ha podido proceder a la intervención de la mayoría de los bienes, debido a que se encontraban en manos de terceros, ajenos a la estafa que se estaba cometiendo.

Todos los detenidos son españoles y se les imputa la comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos y estafa, en diferentes grados de participación.

Las diligencias instruidas en unión de los detenidos y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, tal y como han señalado las mismas fuentes.