Las defensas de varios ex ediles de Marbella (Málaga) acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de dicha localidad, han insistido este martes en que se produjeron registros de viviendas, intervenciones telefónicas y declaraciones ante el juez instructor que consideran "ilícitos", puesto que su autorización no fue motivadas o no se cumplían los requisitos exigidos.

De hecho, el abogado del ex concejal Vicente Manciles ha señalado que en el juzgado instructor "desde el día 18 de noviembre de 2005 se creó una especie de estado de excepción procesal y constitucional que terminó con el auto de procesamiento", lo que argumentó en que "fue como si se afrontara un procedimiento de esta magnitud echando la llave a la Constitución española y olvidándose de ella".

En la séptima sesión, este letrado ha vuelto a denunciar que hubo intervenciones "prospectivas", detenciones "masivas", prisiones provisionales "no justificadas, sino que lo que se pretendía era forzar que los detenidos cambiaran su declaración", además de que se quiso "prolongar el secreto en la medida que les interesaba" y "manejar los tiempos del proceso". Además, se aportaron informes "sesgados" o "seudopericiales" sobre la documentación intervenida.

La defensa de la ex edil Isabel García Marcos ha solicitado la nulidad del registro de la vivienda de la ex socialista y la intervención del dinero, unos 378.000 euros, allí hallados, argumentando que los autos adolecen de motivación y están llenos de "afirmaciones tautológicas de carácter general, que se pretende por el instructor que se justifiquen por sí mismas sin aportar datos".

Asimismo, ha impugnado la intervención del teléfono de su patrocinada, al estimar que "fue nula desde el inicio", ya que esta medida "nunca puede ser el paso inicial de una investigación", ha apuntado y ha señalado que tanto el auto inicial como las prórrogas tiene "afirmaciones genéricas" sobre el poder del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, sobre los entonces ediles, "pero no se aportan datos concretos ni reales".

Esta defensa ha solicitado la impugnación de las declaraciones prestadas por su patrocinada y ha explicado que "se le interroga por unas conversaciones telefónicas y por el dinero intervenido, a lo que ella contesta dando unas explicaciones de las que pudiera deducirse que explícita o implícitamente está reconociendo tanto el contenido de las conversaciones como el dinero intervenido".

En este sentido, Rueda ha argumentado que "si el registro es ilícito y si las conversaciones son ilícitas, también deben declararse nulas las declaraciones y expulsarse del proceso". Además, ha apuntado que no tiene validez una declaración cuando se presta sin conocimiento de las actuaciones. DISCULPAS

Por su parte, la defensa de la ex edil Carmen Revilla ha pedido que no sea tenida en cuenta la declaración judicial de ésta, que, según ha señalado, hizo "forzada". "En ese instante, en el que lo único que quería era dar de cenar a sus tres hijos y a su madre de 80 años, hubiera declarado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo hacía ella y que cobraba por todo con tal de salir", ha manifestado.

El letrado Juan Carlos Rivera ha asegurado que Revilla "afronta este procedimiento con una gran tranquilidad de saberse inocente de los hechos", pero también, ha apuntado, "con gran indignación y tristeza por los métodos utilizados para obtener de ella algún tipo de declaración".

Ha aseverado que cuando hizo la declaración, en la que reconoció haber recibido dinero de Roca y apuntó a la posibilidad de que otros ex ediles también lo hubieran recibido, "no era consciente de lo que suponía", por ello "quiere pedir disculpas a su familia, a sus compañeros, a las familias de sus compañeros y a aquellas personas que han podido sufrir por una declaración que ella hizo de toda manera forzada".

Ha argumentado que esta comparecencia se hizo en una situación "bastante fuera de lo común", porque "ya asustada por el registro en su casa", se la detiene e incomunica en la Comisaría, "encerrada en solitario en una celda con puerta metálica". Al día siguiente, "sin hablar con nadie y totalmente asustada", lo primero que se le indica, ha dicho, "es que si colabora en la investigación, evitará males mayores".

Ha asegurado que, "efectivamente, si dice a todo sí, sin saber a lo que dice sí, se obtiene una recompensa", algo que, según ha apuntado, "no lo digo yo, lo dice el auto de prisión". Ha ironizado con que "alguien en el juzgado se debió acordar de San Mateo y decidieron que debía ir a dar la buena nueva, asustada pero contenta a la vez, de que si dices a todo que sí, no ingresas en prisión".

"Se le manda con esta buena nueva a que vaya a donde estaban sus compañeros detenidos en ese momento —en referencia a otros ex ediles—", ha manifestado el letrado, quien ha instado a que esta declaración no sea tenida en cuenta, como tampoco un documento por el que se le preguntó en la declaración, en el que se habla de cómo se gestó la moción de censura contra Julián Muñoz, del que, ha asegurado "no sabemos de dónde ha salido". ESPERPENTO

La defensa del ex edil Miguel Jiménez, acusado cuya mujer, que había sido secretaria del ex alcalde Jesús Gil, falleció de un infarto el día en que se produjo la detención de éste, ha calificado este proceso de "esperpento" y ha apelado al "sentido común" para que "no se mantenga ni un minuto más la pena de banquillo" de su patrocinado, pidiendo que se sobresea la causa respecto a él.

El letrado Rafael Mesa ha señalado que tanto su cliente como la familia vivieron "un calvario" y ha apuntado que la "injusticia" producida con su patrocinado va desde la detención hasta estar acusado e incluido en el auto de procesamiento que, a su juicio, contiene "errores de bulto", como los escritos de acusación. Así, se impugna el auto de detención y registro, en los que "brilla por su ausencia la presunción de inocencia", ha añadido.

Ha relatado cómo se produjo la detención "con un despliegue desproporcionado" y cómo su cliente fue informado en Comisaría del fallecimiento de su mujer y tuvo que prestar declaración ante el juez instructor tras acudir al entierro, para luego quedar en libertad sin fianza. En este punto, se preguntó "si no había medios menos gravosos" en esos momentos, como haberle tomado declaración previamente.

Además, ha manifestado que para continuar "el despropósito" en la actuación respecto a su patrocinado, en marzo de 2008, dos años después del fallecimiento, su esposa fue citada para que se le notificara el embargo de la vivienda. Asimismo, el letrado se ha adherido a la alegación de nulidad del procedimiento por vulneración de distintos derechos fundamentales.

Asimismo, la defensa del ex edil José Jaén, entre otros, ha solicitado a la Sala que resuelva las cuestiones previas "bajo las normas que marca el Estado de derecho, sin dejarse influir por una sociedad en la que en juicio sumarial y paralelo ya se ha condenado a los 95 procesados". "No me cabe la menor duda de que así será", ha asegurado el letrado, quien ha añadido que existen vulneraciones "tan evidentes que algún tribunal lo va a decir".