Condenado a seis meses de cárcel por construir cinco viviendas con piscinas en un olivar de Arahal

El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a un vecino de la localidad de Arahal por construir en un olivar un total de cinco viviendas, dos de ellas con piscina, todo ello sin solicitar previamente la licencia municipal al saber que "le sería denegada".

El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a un vecino de la localidad de Arahal por construir en un olivar un total de cinco viviendas, dos de ellas con piscina, todo ello sin solicitar previamente la licencia municipal al saber que "le sería denegada".

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado —J.P.S.— adquirió en marzo de 2006 una porción de 11.000 metros cuadrados dentro de una parcela ubicada dentro del paraje La Molinilla, una parcela que está calificada como suelo no urbanizable de especial protección agrícola, dentro del cual "está prohibida cualquier construcción que no esté vinculada al uso agropecuario del suelo".

En este sentido, añade que el carácter rústico del suelo, en este caso un olivar de regadío, "implica la existencia de una superficie mínima de cultivo de 2.500 metros cuadrados, por debajo de la cual está prohibida la segregación, siendo contraria al destino del suelo cualquier edificación que se lleve a cabo".

De este modo, asevera que el procesado "era conocedor de que no podía construir en la finca, y que la licencia le sería denegada", motivo por el cual "no la solicitó" y procedió a dividir la finca en diez subparcelas, de entre 100 y 1.100 metros cuadrados, con sus piscinas y cuartos de depuradora".

Así, en octubre de 2006 "tenía recién finalizadas" dos viviendas con sus piscinas, y en proceso de construcción las tres restantes, parcelas todas ellas que fueron vendidas, "encargándose el imputado de la construcción en todas ellas", al tiempo que señala que, "dada la ilegalidad de las obras", el Ayuntamiento incoó expediente sancionador en enero de 2007 en el que se le obligaba a paralizar las obras y reponer el suelo a su estado original.

El Juzgado condena al acusado a seis meses de prisión y el pago de una multa de 1.440 euros por un delito contra la ordenación del territorio, acordando además la demolición de lo construido en el caso de que el procesado "no acredite en el plazo de seis meses que el suelo ha sido recalificado a urbanizable".

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