AENA ha anunciado este martes que abrirá expediente disciplinario a los controladores del Centro de Control de Canarias que se nieguen a trabajar el 21 de octubre, día en el que está previsto el cambio de radioayuda.

Tras las críticas y acusaciones vertidas por USCA hacia AENA en este tema, la entidad pública ha recordado que "todos los controladores están obligados a prestar servicio, ya que han recibido la formación necesaria y las nuevas maniobras han sido diseñadas según la normativa vigente y aprobadas por las instancias pertinentes".

Asimismo, en un comunicado, AENA incide en que el diseño y aprobación de las normas ha seguido la legislación nacional e internacional, teniendo "el visto bueno de todas las instancias pertinentes".

Agregó que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que "ha aprobado el necesario estudio de seguridad presentado por AENA", mientras que las maniobras han sido estudiadas en la Ponencia de Navegación Aérea y "han sido aprobadas por el pleno de la Comisión Interministerial de Defensa y Fomento (CIDEFO)", organismo donde están representados el Estado Mayor del Aire, la Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aeronáutica y AENA.

En este sentido, indicó que además el 9 de septiembre se publicó, para su entrada en vigor el próximo 21 de octubre.

Ante ello, ha afirmado que el próximo 19 de octubre AENA tomará las acciones disciplinarias a las que le autoriza la ley contra aquellos controladores que el 21 de octubre "amenacen la fluidez del tráfico aéreo en Canarias y se nieguen a trabajar con la excusa de no haber recibido formación suficiente para operar con las maniobras alternativas diseñadas mientras se sustituye la radioayuda

Vor dgv".

Al respecto, avisan que la sanción por falta muy grave puede llegar al despido del trabajador.

También AENA ha querido puntualizar que contra lo que afirma el sindicato USCA, "todos los controladores del Centro de Control han recibido la formación necesaria para operar con estas nuevas maniobras".

Finalmente, la entidad pública ha apelado a la responsabilidad de los controladores y ha advertido de que "no tolerará que pongan en riesgo, de manera totalmente injustificada, la continuidad del servicio del transporte aéreo, causando graves perjuicios a los pasajeros y a la economía".