Un total de 60 personas del ámbito empresarial y jurídico de la Región han acudido este martes a una jornada celebrada en Murcia que ha abordado la reciente reforma del Código Penal y su influencia en la empresa. Y es que, a partir del próximo 23 de diciembre, la Justicia podrá responsabilizar por primera vez en España a una mercantil o una sociedad por la comisión de un delito, lo que conllevará, incluso, su disolución.

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Landwell PricewaterhouseCoopers (PwC) Tax & Legal Services han organizado esta jornada fin de dar a conocer el alcance de esta reforma y, en concreto, trasladar a los empresarios murcianos las nuevas responsabilidades penales de las personas jurídicas en el ámbito de la empresa y cómo mitigarlas.

En concreto, la jornada fue inaugurada por el presidente del Grupo Fuertes y presidente de APD Murcia, Tomás Fuertes, acompañado por el consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, así como por el abogado y director de la oficina de Murcia de Lanwell PwC Tax & Legal Services, Antonio Félix Del Saz.

Del Saz explicó que la reforma del Código Penal tiene como consecuencia "más grave" el establecimiento de una responsabilidad penal de las personas jurídicas que acaba "con siglos de régimen de un principio en el ordenamiento jurídico español según el cual, las empresas no pueden delinquir". En adelante, se aplicará una figura de origen anglosajón, que lleva aparejada una responsabilidad penal para las mercantiles y personas jurídicas.

Así pues, la empresa puede ser declarada responsable por la comisión de un delito tanto si ha sido realizado en nombre y por cuenta de la misma compañía, como si se ha realizado por personas sometidas a su autoridad y no se ha ejercido el debido control, siempre que se haya hecho en beneficio de la mercantil.

Esa responsabilidad penal "lleva aparejada unas determinadas consecuencias que pueden ser hasta la disolución de la mercantil, pasando por la prohibición de contratar con administraciones públicas", según Del Saz. Frente a estas consecuencias, el Código Penal establece un contrapunto en forma de medidas a adoptar por la mercantil para prevenir la comisión de esos delitos que atenuarían la responsabilidad penal.

Precisamente, la jornada celebrada en Murcia trató de abordar "con cierto detalle, la problemática que surge con la reforma del Código Penal y, al mismo tiempo, trasladar el cómo y el qué hacer para evitar las consecuencias tan graves para la empresa que de esta reforma se deriva".

Estas soluciones pasan, según Del Saz, por la aplicación de planes de prevención y de medidas de control interno, es decir, por el establecimiento de sistemas de control que permitan a la empresa acogerse a la atenuante recogida en la reforma del código penal. Por ejemplo, las medidas "van desde la concesión hasta el establecimiento de medidas de control, planes de previsión y, en definitiva, establecer unas medidas de control y vigilancia de sus empleados y directivos que, al menos, dificulten la comisión del delito".

No obstante, el abogado apuntó que la reforma "comete probablemente una contradicción", porque si esas medidas fueran suficientes, "el delito probablemente nunca tendría lugar: siempre se podrá achacar a la empresa que por muchas medidas que adopte, si hay delito, nunca fueron suficientes", justificó.

Fuertes emplaza a las empresas a tomar medidas

El presidente del Grupo Fuertes, al ser preguntado por la repercusión en el ámbito empresarial del nuevo Código Penal, destacó que "todas las empresas, depende de la situación en que se encuentren, tendrán que adoptar la postura adecuada con arreglo a la legislación existente", y avanzó que "estará por ver cada una de las problemáticas que puede tener cualquier empresas en ajustarse a la legislación vigente".

Por su parte, el consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana ha estimado que la reforma "nos pone a la vanguardia de la reforma y la modernidad de los problemas que plantean actualmente todo lo relacionado con los delitos económicos". De hecho, estimó que será "un instrumento más para luchar contra la delincuencia económica en un momento de crisis que hace necesario que el ordenamiento jurídico-penal se adapte al sentir de la sociedad".

Así, aunque señaló que la reforma es "muy compleja y muy profunda", se felicitó porque el nuevo Código Penal "es vanguardista y se asimila a los ordenamientos europeos". Asimismo, agradeció iniciativas como la jornada celebrada en Murcia para dar a conocer las repercusiones de la reforma.

La reforma "viene a superar siglos de un posicionamiento doctrinal en el sentido de que sólo la persona física podía actuar con dolo y cometer el delito: ahora también una persona jurídica, que por definición de actuar con dolo, puede verse declarado culpable de un ilícito penal, con unas consecuencias que pueden acabar con la mercantil", declaró Del Saz.