La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León considera "forzada" e "inadmisible" la impugnación de las compañías eléctricas al real decreto de apoyo al consumo del carbón autóctono.

El departamento, en un comunicado recogido por Europa Press, mostró su sorpresa con la impugnación que plantean las empresas eléctricas al Decreto del carbón cuando este incentivo ha funcionado con normalidad desde su inclusión en el Plan del Carbón nacional, soportado en el protocolo firmado con las eléctricas en 1996 y que cuenta con su amparo en la normativa europea, en la directiva 2009/72/CE.

En este sentido, recordó que el problema se origina con la supresión de este incentivo que unilateralmente decidió el Gobierno de la Nación en diciembre de 2008 "sin que plantease alternativa alguna al mismo, lo que ha llevado a una grave crisis e incertidumbre del sector del carbón en el último año y medio, poniendo a las empresas al borde de la quiebra y en grave riesgo la continuidad de los empleos que dependen de este sector".

Además, el Gobierno Regional considera que ha habido un importante "desgaste inútil" en la negociación de los apoyos europeos a este real decreto. "Este esfuerzo debería haber sido canalizado, si ese incentivo no se hubiera suprimido, a la nueva negociación del verdadero futuro del sector a través de un Reglamento de ayudas al carbón que deberá aprobarse este mismo año", indicaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

A este respecto, la Junta incidió en que la sustitución de este incentivo por el nuevo Real Decreto de restricciones de garantía de suministro es una solución que está basada en la misma normativa que el incentivo anterior y con sus mismos efectos. Por tanto, entiende que la posición de las eléctricas es "forzada" dado el respaldo que tiene en la legislación europea y nacional que además así ha sido informada por los servicios jurídicos tanto españoles como de la comisión europea.

ADVERTENCIAS

Ante esta posición de las compañías eléctricas el Gobierno de Castilla y León "tendrá en cuenta en sus futuras relaciones con las mismas su posición únicamente interesada en el negocio de la distribución y la generación con otras fuentes alternativas, pero con escaso compromiso en los aspectos territoriales sociales y económicos de nuestra Región, como es el uso de un recurso autóctono como es el carbón o la necesaria mejora de las infraestructuras eléctricas en el territorio".

El gobierno regional, sin excusar la impugnación del real decreto por las eléctricas, entiende que esta situación deriva de una "falta de definición" clara de la política energética de España.

Por ello, "una vez más" solicitó al Ministerio de Industria a tomar medidas inmediatas que clarifiquen el "mix" energético por el que este país quiere apostar en el futuro así como definir una política energética que de estabilidad al sector, a los inversores, productores y a los consumidores.

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