Los procuradores 'populares' por Segovia han asegurado este lunes que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011 son los "más restrictivos y austeros de la historia de la Comunidad" como consecuencia del Gobierno de España más incapaz e insolvente".

Así lo pusieron de manifiesto Silvia Clemente, Juan José Sanz Vitorio, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa, quienes señalaron que estos Presupuestos son la "consecuencia de las decisiones sectarias en contra de los intereses de Castilla y León que han hecho que en los últimos cuatro años hayamos dejado de percibir más de 1.400 millones de euros" y por ello "probablemente sean los que menor nivel de territorialización tienen", según Sanz Vitorio.

En este sentido, Sanz Vitorio explicó que a los 114,2 millones de euros hay que sumar las partidas que están si provincializar dentro de cada consejería o en las sociedades pública y además ha subrayado que el presupuesto cuenta con 800 millones de euros más todavía sin territorializar.

Sanz Vitorio también ha destacado que en la provincia de Segovia se mantienen todos los proyectos y se continúan los que ya han comenzado "manteniendo el compromiso de la Junta con los segovianos".

Asimismo, remarcó que de los 114,2 millones de euros destinados a Segovia, 54 corresponden a inversiones reales, 23,5 a transferencias, 29,77 a empresas públicas y 6,9 al peaje a la sobra de la Autovía Segovia-Valladolid y apuntço que además del apoyo "materializado por todas las consejerías" a la Capitalidad Cultural 2016 de Segovia, "se encuentra incluida una partida de 75.000 euros como declaración de voluntad política".

Sanz Vitorio destacó que existen seis millones de euros para acabar la primera fase del campus público de la Universidad de Valladolid en Segovia y que "no hay ninguna duda de que se va a acometer la segunda fase" mediante partidas sin territorializar.

Además, puntualizó que la unión de la C-601 con la C-605 está incluida dentro de una de las empresas públicas de Castilla y León y que por lo tanto no se incluye como tal en el presupuesto.

Por su parte, la procuradora y consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, subrayó que a diferencia del Gobierno de la nación, "que tiene un escaso compromiso con el sector agrario", la Junta mantiene su compromiso con este sector puesto que "es la primera consejería en financiación, después de las de políticas sociales".

Además, según añadió, la reducción de su presupuesto es inferior a la de la media por consejería y, en este sentido, subrayó la cifra de 1.520 millones de euros de la gestión total de su área, lo que supone sólo la pérdida del 3,29 % respecto al año anterior.

"Todo ello distribuido en diferentes áreas como atención al agricultor y el ganadero, promoción, diversificación del medio rural, modernización, aumento de la productividad y mejora de la competitividad", añadió Clemente.

La también consejera remarcó que el total de la inversión provincializada de esta Consejería es de más de 84,7 millones de euros de los que 7,3 irán a parar a la provincia de Segovia.

Algunas de las partidas se refieren a programas de control y erradicación de enfermedades animales, al arreglo de caminos rurales, a inversiones en laboratorios y centros, a la promoción* y comercialización del sector agroalimentario, al Centro de Acuicultura o al regadío, todo ello, en diferentes zonas de la provincia.

Por su parte, la procuradora Paloma Sanz aseguró que estos presupuestos son "profundamente sociales y solidarios" y que "garantizan a los ciudadanos los servicios sociales esenciales, con los estándares de calidad alcanzados".

En esta línea y en materia de educación, Sanz señaló que existe una partida de 750.000 euros para la construcción del CEO de Riaza y más de un millón de euros para el acondicionamiento de diferentes centros educativos.

Por último, Juan Ramón Represa informó de que se está cumpliendo el programa de promesas para este legislatura y que se van a promover 24.000 viviendas protegidas, 8.000 de las cuales para jóvenes.

En este sentido indicó que se van a realizar unas 300 viviendas protegidas por toda la provincia con un presupuesto superior a 5,5 millones de euros, y más de 1.000 actuaciones en viviendas dentro de los ARI, por importe de más de 2,6 millones.

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