El parlamentario de IULV-CA por Sevilla y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, han asegurado este lunes que no acudirán a más juicios tras conocerse que la Fiscalía solicita para ambos una multa de 300 y 200 euros, respectivamente, por los disturbios que tuvieron lugar el pasado mes de julio de 2009 frente a la Casa Rosa, y que concluyó con varias personas contusionadas.

El propio Diego Cañamero ha informado a Europa Press de que la vista oral se celebró en la mañana de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, y en el mismo, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía les ha imputado una falta leve por desobediencia a la autoridad, hechos por los que pide para Cañamero el pago de una multa de 200 euros y para Sánchez Gordillo de 300 euros.

De su lado, ambos acusados han defendido su inocencia, ya que, según ha explicado Cañamero, "no se ha producido un desacato a los agentes de la autoridad, sino que lo que hubo fue un resistencia pacífica", añadiendo que los trabajadores concentrados frente a la Casa Rosa "fueron desalojados violentamente por la Policía Nacional", teniendo como consecuencia "varios trabajadores heridos, algunos de los cuales fueron evacuados en ambulancia hasta hospitales cercanos".

Cañamero ha asegurado que ni él ni el parlamentario de IU acudirán a más juicios ni citaciones policiales, todo ello "como respuesta a la profunda y persistente represión policial y judicial", asegurando que "sólo acudirán por la fuerza, y no por voluntad propia". "Hemos dejado de creer en la Justicia", ha sentenciado.

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de julio de 2009, cuando unos 1.000 militantes del SAT se concentraron frente a la entonces sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, tras iniciar la marcha en Villaverde del Río (Sevilla), para demandar medidas que palien la crisis en el medio rural.

Con esta marcha, el SAT reivindicaba, entre otras cosas, un trabajo público o en su defecto desempleo indefinido para todos los parados del campo; un 'PER' extraordinario para los parados del medio rural "que dé trabajo al menos durante cuatro meses"; una moratoria de pagos de las hipotecas para todos los que estén en paro; que los inmigrantes estén incluidos en todas estas medidas "y puedan acceder a las prestaciones en igualdad de condiciones que los nativos".

También solicitaba que la duración del subsidio agrario y renta agraria sean de 10 meses y su cuantía el salario mínimo interprofesional, cifrado en 624 euros; demanda ayudas directas al comercio y pequeñas empresas, así como la condonación de algunos impuestos y la eliminación de las 35 peonadas como requisito para solicitar el subsidio de desempleo.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.