La Audiencia de Málaga ha retomado este lunes el juicio por el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), con una sesión en la que la defensa de la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, ha cuestionado la cadena de custodia en los documentos y ha pedido "limpieza mental y física" de cara al enjuiciamiento; mientras el letrado del empresario Andrés Liétor ha alegado la falta de competencia del Tribunal, en favor de la Audiencia Nacional.

El abogado de Yagüe, Pablo Luna, ha pedido la nulidad de los registros y la eliminación de la prueba documental obtenida, por "no haberse respetado la cadena de custodia". Así, ha señalado que en el material entregado "faltan elementos" y ha criticado que algunas de las copias de los documentos aparecen precintadas en el juzgado "a los dos meses", por lo que ha señalado que en ese tiempo los soportes han estado en poder de la Policía "sin control alguno judicial".

A su juicio, se debió de foliar, sellar y rubricar "cada uno de los papeles por el juez, secretario y por el interesado", aunque ha precisado que en este caso "no se hizo el más mínimo esfuerzo" para identificar los soportes informáticos "que quedaron totalmente innominados y a disposición indiscriminada de la Policía". Ha lamentado que las defensas "nunca podrán saber qué había allí o qué documentos se volcaron".

Por esto, ha destacado la prueba solicitada por él del volcado de las actuaciones. Para Luna, en el registro realizado en la sede de Maras Asesores, "estando el sumario secreto, no se adoptaron las medidas pertinentes para que el copiado se efectuara con criterios de neutralidad e imparcialidad y con las suficientes garantías técnicas". Por todo esto, ha considerado que la cadena de custodia "ha sido rota".

Proceso limpio

Asimismo, Luna ha hablado de la necesidad de un proceso "limpio", alegando la "metástasis" que a su juicio tiene este procedimiento. "No sé hasta dónde tiene el cáncer, no sé si ya tiene salvación o si tenemos que darle un tiempo caduco de finalización", ha apuntado el abogado, quien ha destacado "la limpieza mental que este Tribunal debe tener escuchando las argumentaciones de los letrados".

Por ello, ha considerado que esta fase de cuestiones previas "da la oportunidad de que la Sala no llegue preconstituida con el proceso instruido con anterioridad" y ha apuntado que este trámite debe ser analizado "sobre todo en lo referente al material que evite los peligros de dar por reproducida una instrucción". Además, ha dicho que hubo "nula protección de los derechos de los acusados" y no existió un juez imparcial.

Esto, unido a que las actuaciones estuvieron secretas "excesivo tiempo" y de forma "injustificada" crearon, a su juicio, "un bunker instructorio de difícil ataque". Ha apuntado a la vulneración al derecho de contradicción, al señalar que el no haber conocido las actuaciones en su momento puede significar "que por la puerta falsa se cuele en el juicio prueba preconstituida" y que la contradicción que se haga en la vista oral "no tenga la misma validez".

Ha explicado que "si un juez instructor de forma continuada sólo recibe pruebas y consejos de la Policía, racionalmente no puede ser objetivo, es el padre que sólo escucha al niño y no al profesor". Además, ha instado a la "limpieza física" de la causa, pidiendo la nulidad de las intervenciones telefónicas, que en su opinión no se debieron autorizar. "Se ha querido hacer auto de fe de lo que decían los policías en su momento", ha lamentado.

También se ha referido a la detención de su patrocinada, que declaró tres veces y que "sufrió un padecimiento real", ya que padecía problemas de espalda y cardiacos. Ha criticado que en su detención, fue trasladada "a velocidad de Fernando Alonso" desde Marbella a Málaga "para preguntarle si era alcaldesa y si conocía a Roca —en referencia al presunto cerebro de la trama—", pero no se le preguntó sobre la acusación que luego se le ha hecho. TRIBUNAL

Por su parte, la defensa del empresario acusado Andrés Liétor ha cuestionado la competencia del Tribunal para enjuiciar esta causa y ha asegurado que le corresponde a la Audiencia Nacional (AN). En este sentido, ha precisado que cuando se han juzgado cuestiones relativas a la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, como los casos 'Saqueo', ha sido dicho tribunal el que "ha tenido esta competencia" y ha precisado en que esos casos se trata de "delitos similares".

Por otra parte, ha considerado también que desde el principio "en lugar de haber incoado diligencias previas, se tenía que haber iniciado un procedimiento del Tribunal del Jurado" y ha añadido que los delitos por los que se acusa a su patrocinado "ni son conexos entre sí ni son mucho menos conexos con el resto de los delitos que se están siguiendo en esta causa". Estas serían algunas de las cuestiones sobre las que la Sala se podría pronunciar previamente.

Ha explicado que su cliente interpuso desde la cárcel denuncia y luego una querella contra el instructor por la detención, la cual no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque se recurrió ante el Tribunal Constitucional, que tampoco la aceptó. Ha añadido que se ha solicitado amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "que sí ha admitido a trámite la correspondiente querella".

Otra de las letradas de este empresario ha planteado la nulidad de prácticamente la totalidad de las actuaciones, aunque ha tenido diferencias con el presidente del Tribunal, el magistrado José Godino, quien ha advertido en varias ocasiones a la abogada de que no repitiera argumentación ya planteada por otros letrados o, incluso, por su compañero de defensa.

En uno de estos rifirrafes, cuando el magistrado ha reiterado la petición de que no repitiera alegaciones, la letrada ha recriminado al Tribunal que "si me quita el uso de la palabra, pierdo el hilo de lo que estoy intentando expresar", a lo que el presidente ha llegado a decirle: "si le sobro yo, me levanto y me voy, porque parece ser que es usted la encargada de presidir el juicio". No obstante, al final la abogada ha manifestado su agradecimiento a la Sala. JUEZ

Por otro lado, también ha intervenido la defensa de José Andrés León Rull, directivo de la promotora Aifos, quien ha insistido "en la necesidad de preservar el derecho constitucional a que el juez que instruya sea el que haya resultado por designación aleatoria frente al juez elegido discrecionalmente". "Una elección discrecional del juez exigiría un procedimiento contradictorio para su determinación, lo que seria inviable e incluso absurdo", ha aseverado.

Además, el letrado José Soldado ha puntualizado que "el único método fiable es aquel en que queda excluido cualquier elemento volutivo o discrecional, el turno de reparto", ya que, a su juicio, "es el único posible para garantizar el juez imparcial por el origen de su designación y de preservarla para todas las partes intervinientes sea el cual fuere el momento de incorporación al proceso".