El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha interpuesto "en solitario" un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de 27 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la creación de la sociedad mercantil del sector público andaluz 'Empresa pública para la gestión de turismo y del deporte de Andalucía SA', mediante la fusión de las entidades Turismo andaluz SA y Empresa Pública de deporte andaluz SA.

En una nota, el Safja denuncia en su recurso que la resolución publicada y los Estatutos de la nueva sociedad mercantil del sector público, "otorgan a la misma y a su personal laboral facultades propias de funcionarios, aún existiendo cuerpos propios de los mismos, que implica el ejercicio inherente de potestades públicas y que, por tanto, es contrario a la Ley 7/2007".

Asimismo, considera que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a través del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio de reordenación del sector público "parece estar dando los pasos necesarios para desfuncionarizar la Administración, que es tanto como eliminar la condición de funcionario de los que hasta ahora y tras superar las oposiciones, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, hemos venido prestando nuestros servicios a los ciudadanos a través de la Administración".

Recordó que el Defensor del Pueblo andaluz, el TSJA y los recursos de Safja "acusan que las entidades instrumentales invaden potestades públicas de forma ilegal e inconstitucional, pero el Gobierno andaluz, en lugar de acatar las continuas sentencias, recomendaciones y recursos, publica un decreto-ley a finales de julio, extraordinario y urgente, cuya concreción llevará meses o años".

A juicio de este sindicato, "es intolerable que la mayor reforma de la función pública de los últimos tiempos se lleve a cabo sin debate parlamentario, sin explicación clara a la sociedad, y sin contribuir a la mejora de la eficiencia y profesionalidad de la Administración".

Recordó que el "ejercicio de la potestad administrativa es la garantía del ciudadano ante la Administración porque supone la imparcialidad en la aplicación de la Ley y en igualdad de todos, con absoluta independencia respecto, muy particularmente, de su filiación política o su adscripción ideológica".

Asimismo, apuntó que las empresas públicas, o nuevas agencias, se rigen por el Derecho Privado, no por el Derecho Administrativo, ante lo que indicó que "los funcionarios que quedando en las consejerías queden bajo la dependencia funcional de las Agencias pasarán de actuar bajo el principio de la potestad administrativa a actuar bajo el principio de obediencia debida, por lo que estamos volviendo a cometer los mismos errores que en el pasado".

"Con la publicación del Decreto Ley 5/2010, el Gobierno de la Junta, lo que pretende es volver descaradamente a épocas del siglo XIX, como las que hemos visto en la cesantía, funcionarios al servicio de los políticos del gobierno y no al servicio de la administración pública", agregó el Safja, para el que "es más que obvio que los políticos que dirigen la Administración Pública, tienen una dependencia laboral y política del partido lo que los condiciona, y así los fines de sus propios proyectos van dirigidos a sus fines partidistas fundamentalmente".

Para este sindicato, este "decretazo" significa que "cada agencia pública empresarial estará asociada a cada Consejería y repartirá las funciones, como estime oportuno y con la discrecionalidad a la que hace años venimos presenciando".

La modificación de la Ley del Parlamento andaluz 9/2007 de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, "deja poco lugar a las dudas, pues en su artículo 69, añade que "la dependencia de este personal (funcionario) supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que a tal efecto establece la normativa general".

El Safja indicó que "continúa diciendo que las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, cualquiera que sea su forma de vinculación, de forma directa, funciones complementarias y de investigación y auxilio de las potestades públicas atribuidas, entre otras las de autotutela y recuperación del dominio público, sancionadora, expropiatoria, de fe pública y de todas aquellas reservadas a personal funcionario",

Según determina el decreto, el funcionario integrado, según determina el decreto ley, "se queda en situación de 'excedencia', pero dónde podrá reingresar y qué concursos de traslados se van a poder convocar si cada agencia funcionará de forma autónoma y con las condiciones laborales que cada una estime convenientes", se pregunta el sindicato.

Lamentó que "el 'decretazo' de las agencias se regirá, fundamentalmente, por derecho privado, por lo que tendrá vía libre para contratar todo el personal laboral que quiera, por lo que lo verdaderamente imparable es el daño irreparable que esto puede causar a funcionarios y a ciudadanos, por afectar a la Administración andaluza, conculcando al mismo tiempo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el ordenamiento jurídico vigente".

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