Las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones Fernando III y Ademán han solicitado hasta dos años de prisión y once de inhabilitación para la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Josefa Medrano (IU), procesada por impedir la celebración de un homenaje en octubre de 2009 al escritor Agustín de Foxá en el centro cívico Tejar del Mellizo.

Las acusaciones particulares entienden que la concejal de IU ha incurrido en un delito de prevaricación y en otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ya que entienden que la imputada basó su decisión "en motivos políticos e ideológicos, porque el poeta Agustín de Foxá estuvo relacionado con la Falange".

En el escrito presentado por la asociación Fernando III —representada por el letrado Ángel Bordas—, al que ha tenido Europa Press, esta entidad relata que, con fecha 17 de septiembre de 2009, se solicitó por su parte la concesión de una sala en el centro cívico para realizar, el martes 6 de octubre de 2009, un homenaje literario al escrito Agustín de Foxá.

De esta manera, y tras entregar toda la documentación, la directora del centro, Cristina Paloma Torrego Fraile, "comunicó la aceptación de la reserva y la autorización firmada y sellada para hacer uso de la sala en horario de 20,00 a 21,00 horas", pero, "unos días antes de celebrarse el acto, la imputada dio orden expresa para revocar la autorización concedida el 23 de septiembre, y ello pese a conocer que se trataba de un homenaje literario como todos los que habían realizado con anterioridad las asociaciones convocantes".

Por todo ello, la asociación cultural Fernando III solicita para Medrano la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación; dos años de cárcel, multa de 24 meses e inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la asociación.

Decisión "arbitraria"

Por su parte, el abogado de la asociación Ademán, José Manuel Sánchez del Águila, solicita para la concejal la inhabilitación por siete años por un delito de prevaricación, así como 20 meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación durante dos años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de una indemnización de 300 euros por los perjuicios sufridos.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado señala que la concejal tomó la decisión de revocar la autorización "presionada por grupos de su propia ideología" y tras conocer a través de "numerosos" fax que el homenajeado "era un escritor de los que, en su argot, viene a ser considerado fascista", tras todo lo cual "dictó una resolución arbitraria, con pleno conocimiento de su injusticia".

"Con esta resolución, notoriamente arbitraria e injusta, la acusada, además, denegaba la prestación de un servicio público como es la utilización de una sala de un centro cívico a una asociación por razón de su supuesta ideología", según prosigue el escrito, en el que se apunta que la delegada de Presidencia y Cultura, Maribel Montaño, y el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, "mostraron su aquiescencia, al menos a posteriori, a semejante resolución, y pudieron conocer por la acusada las razones que le llevaron a dicha arbitraria prohibición".

Ambas asociaciones solicitan la testifical de Torrijos, Montaño y Cristina Paloma Torrego Fraile, todo ello dentro de un procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular, Mercedes Alaya, ha procesado a la concejal bajo el argumento de que los actos culturales y los elementos de valor artístico "están por encima" de las ideologías políticas.

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