El sindicato ANPE ha asegurado que la Consejería de Educación "discrimina a la mujer trabajadora", ya que está despidiendo de su puesto de trabajo a profesoras de enseñanza, contratadas en régimen de interinidad, que por motivo de su estado tienen que acogerse a una baja médica.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que es "asombroso que en un Estado democrático y de derecho, lleguemos a contemplar este tipo de conductas propios de modelos nazis de productividad". Así, ANPE ha afirmado que se trata de una forma de discriminación que es contraria a la normativa nacional, comunitaria e internacional.

Para el sindicato, la Consejería de Educación "viola y transgrede" la Constitución Española, que establece la no discriminación por razón de sexo en el artículo 14, así como el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 17, que dictamina que se entenderán nulos y sin efectos los preceptos y decisiones del empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.

ANPE también ha asegurado que la actuación de la Consejería viola la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge el derecho del empleado público a la no discriminación por razón de sexo, y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece en su artículo 8 que "constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad", como lo hace también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 26.

"Los actos que se están realizando contra la mujer embarazada por la Consejería de Educación están prohibidos por el ordenamiento jurídico, por la moral y por la ética, atentando además contra el irrenunciable derecho de acceso al trabajo de la mujer", ha señalado el sindicato.

De la misma forma, ANPE ha afirmado que en España —uno de los países de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja—, y en concreto en Castilla-La Mancha, la mujer sigue viviendo dificultades laborales relacionadas con la maternidad.

Por ello, ha reclamado que "las únicas políticas que tiene que propugnar nuestro Gobierno Regional son las que sirvan para mejorar la protección social y el apoyo a la mujer embarazada, como sucede en el resto de Europa. El Gobierno de Barreda debe pactar medidas para hacer de la maternidad un acaecimiento anhelado en lugar de una circunstancia que provoca dificultades y problemas a la mujer trabajadora", ha añadido.

ANPE ha exigido igualmente a las Junta la promulgación y el aseguramiento de una mejor cobertura social para la mujer desde el inicio de la gestación, entre otras medidas, a través de permisos de maternidad más amplios, períodos de excedencia, reducción de jornadas, adaptaciones de las condiciones o del tiempo de trabajo y apoyos económicos.

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