El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha asegurado este lunes que "en estos tiempos hace falta mucho valor para ser juez y asumir las presidencias, para ejercer la autoridad cuando es discutida y a veces negada". No obstante, ha destacado que la calidad de los jueces "es de primer orden", aunque les ha reclamado "transparencia y un acercamiento hacia aquellos que nos piden justicia, ya que muchas veces se repite la imagen de que la justicia no es feliz".

Así se ha pronunciado durante la conferencia inaugural que ha pronunciado en la Reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que se celebra hasta el miércoles en Murcia con el lema 'Los tribunales españoles en la Europa del Derecho', organizada por el Consejo General del Poder Judicial.

Y es que, según Dívar, los jueces "están dando todo lo que pueden para tener esa cercanía y esa resolución de los problemas", enfrentándose, al mismo tiempo, a la "desproporción entre lo que se le exige al juez y lo que pueden hacer, haciendo compatible su vida laboral y familiar, o incluso meramente humana". Como ejemplo, ha precisado que en Madrid "se ingresan unos 8.000 asuntos por juzgado".

Es por ello por lo que ha trasladado a los jueces un mensaje de "prudencia", ya que el ordenamiento jurídico total "no puede ser modificado parcialmente para encontrar una solución a un problema puntual, sino que de una vez por todas, tiene que afectar al conjunto de ese ordenamiento para que todos podamos encontrar soluciones a todos los problemas, una justicia más eficaz, rápida y transparente".

En este punto, por tanto, ha resaltado que los presidentes de los tribunales superiores de justicia que se reúnen desde este lunes en Murcia "tienen mucho que decir y pueden aconsejarnos", de forma que se ha comprometido a que las conclusiones que se materialicen en este evento "se llevarán a la práctica en la medida en que se pueda".

Según el presidente del Supremo, "necesitamos ser estimulados desde aquí no solo con una posición de ascenso abajo, sino de abajo a arriba, ya que la justicia está hecha de casos particulares y las leyes son muy genéricas y por eso, muchas veces se aplica mal".

También se ha referido a una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de 28 junio de 2010 del estatuto catalán, "que ha proclamado la unidad del poder judicial que todos deseamos por el bien de España, y que es compatible con muchas posibilidades de desconcentraciones pero no de una unidad y de un gobierno máximo que siempre tiene que estar con arreglo a la Constitución que tenemos".

Periodo inicial en la oficina judicial

El tema monográfico de esta reunión será la Oficina Judicial que, en opinión del también presidente del CGPJ, "ha producido grandes esperanzas pero se está aún en un periodo muy inicial"; razón por la que ha considerado que "el que esas esperanzas no se marchiten dependerá mucho de los presidentes de los tribunales superiores de justicia, que son los órganos de pode judicial del Estado máximos en la comunidad donde actúan".

Así, durante tres días, los máximos representantes del poder judicial en las 17 comunidades autónomas debatirán sobre diferentes aspectos del nuevo modelo organizativo judicial.

En concreto, analizarán la nueva distribución de espacios en los edificios judiciales; las funciones de las Salas de Gobierno y el papel de los presidentes de Tribunales Superiores; así como los puntos más decisivos de la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en las diferentes jurisdicciones.

Al respecto, el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, ha resaltado que la oficina judicial debe suponer "un revulsivo que borre las lacras que amenazan a la justicia", ya que, ha subrayado, "no podemos permanecer ajenas y nuestra actitud es involucrarnos al máximo en la senda de la transformación del nuevo modelo organizativo de justicia".

En opinión de Martínez Moya, "no es posible acercarse al Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y eficiente", a lo que se une el hecho de que "un juez solo, en una Administración de Justicia sin medios suficientes, desorganizada, lenta e ineficaz y con mala percepción social, pues difícilmente puede saciar la sed de justicia que demandan los ciudadanos en los tribunales".

De ahí que haya advertido que "son tiempos cruciales para la justicia, con un presente oscuro por la excesiva litigiosidad, los atrasos y esa mala percepción social, pero también esperanzadores, ya que la transformación el modelo organizativo empieza a dar sus frutos".

Se trata, por tanto, de "un proceso complejo que no tendrá retorno, el camino a la modernización con el objetivo de que los tiempos de respuesta sean más ágiles y cortos y que el magistrado concentre su trabajo en juzgar y hacer ejecutar los juzgados".

Para ello, ha hace falta "establecer mecanismos de coordinación con los secretarios judiciales y tender puentes de diálogo dentro de la oficina judicial para que el juez no se sienta aislado en ese nuevo modelo de oficina judicial".

Martínez Moya, quien no se ha aventurado a dar una fecha exacta sobre la implantación de la Oficina Judicial en Murcia, ha adelantado que será a mediados de noviembre, para lo que la Sala de Gobierno "ya se está preparando para que todo redunde en aras a una mejor justicia y justicia de calidad".

Murcia y la ciudad de Burgos serán, de esta forma, las pioneras en el desarrollo e implantación de esta nueva Oficina Judicial, que en el primero de los casos "estará centrada en la jurisdicción social, contencioso-administrativa y novedosamente en la penal, con una concepción distinta que en el horizonte camina a la necesidad de creación de tribunales de instancias y trabajo de forma colegiada por parte de los tribunales, ya que es el nuevo modelo de organización que se avecina".

Al acto de inauguración han acudido el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa; la portavoz, Gabriela Bravo; los vocales Miguel Collado y Gemma Gallego; además del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; el consejero de Justicia, Manuel Campos; el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal; y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

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