De este modo, y según ha informado en declaraciones a Europa Press el propio juez de Familia número 7 de Sevilla, la Comisión Disciplinaria ha acordado archivar por unanimidad, en una reunión mantenida el pasado día 7 de octubre, las diligencias informativas incoadas a partir de la queja presentada por Martínez Lozano en nombre de la Secretaría General de Políticas de Igualdad.

Hay que destacar que el pasado día 2 de junio, Martínez Lozano envió una carta a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Inmaculada Montalbán, en la que le hacía llegar su preocupación por las "reiteradas" declaraciones públicas del juez Serrano "acerca de la constitucionalidad" de la Ley contra la Violencia de Género, así como "de su nula eficacia", y aquellas en las que "ataca personalmente" al delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.

En la carta, consultada por Europa Press, señalaba que, "de manera reiterada en el tiempo", este miembro de la carrera judicial "ha venido manifestando públicamente su posición encontrada frente a las iniciativas puestas en marcha desde el Ministerio de Igualdad, y en especial respecto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género", unas declaraciones que, "en numerosas ocasiones, se han realizado valiéndose de su condición de miembro de la magistratura y con manifiesta ostentación de sus atributos".

Al hilo de ello, indicaba que estas declaraciones "han venido incrementándose tanto en su frecuencia como en su gravedad, pasando del simple cuestionamiento de la legalidad de la Ley hasta llegar a una absoluta falta de consideración respecto de los ciudadanos y ciudadanas así como respecto de las instituciones democráticas", señalando que las aseveraciones del juez Serrano "afectan gravemente a la necesaria concienciación y sensibilización de la ciudadanía en la percepción de la violencia de género, ya que minimizan el riesgo que supone la existencia de situaciones de violencia de género y minusvaloran la gravedad de estos comportamientos antisociales".

"gravísima" falta de consideración

"Estas afirmaciones, además, han provocado la respuesta airada de la sociedad a través de las numerosas asociaciones y organizaciones, con el consiguiente revuelo mediático", según proseguía en la carta la responsable gubernamental, quien añadía que estas manifestaciones, "en las que se califica a la Ley de holocausto social o en las que se equipara al delegado del Gobierno para la Violencia de Género con el dictador Enver Hoxha, son una gravísima falta de consideración a los ciudadanos e instituciones".

Por todo ello, instaba a Montalbán a poner en conocimiento del órgano competente del CGPJ "estas graves declaraciones", con la finalidad de investigarlas y, "en el caso de ser procedente, iniciar el correspondiente expediente disciplinario por dichos hechos".