Indemnizarán al padre de un preso que murió de sida porque en la cárcel no le obligaron a medicarse en contra de su voluntad

El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho de un hombre a recibir una indemnización por la muerte de su hijo a causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y tras negarse a recibir tratamiento en la cárcel en la que estaba, ya que los servicios médicos penitenciarios no se lo impusieron.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal anula así la sentencia de la Audiencia Nacional que, en octubre de 2000, desestimó el recurso interpuesto por el padre de la víctima contra la desestimación, por silencio, del Ministerio del Interior de la reclamación de la citada indemnización.

La víctima, que también resultó infectado de tuberculosis y padecía hepatitis B y C, murió en 1997 tras pasar por los centros penitenciarios Madrid-1 y Madrid-2, según explica la sentencia.

El TS estima el recurso interpuesto por el padre del recluso y declara su derecho a percibir una indemnización de 12.020 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa.

Se negó a recibir tratamiento

La Audiencia Nacional en su sentencia concluyó que no se podía deducir la existencia de una "relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos a la hora de velar por la salud e integridad física de un interno penitenciario y la muerte del hijo del actor cuando consta que fueron prestadas las debidas atenciones sanitarias durante su internamiento y él se negó a seguir parte del tratamiento".

Por su parte, el padre de la víctima alegó en su recurso que el fallecimiento se produjo por no haber recibido todas las atenciones médicas, sanitarias, higiénicas y farmacológicas que requerían durante su permanencia en establecimiento penitenciario.

Tuvieron que adoptar ante las reiteradas negativas de aquel a someterse a la medicación las medidas par que se cumpliera el tratamiento
El Alto Tribunal al respecto argumenta que fue correcta la actuación de los servicios médico-sanitarios en el reconocimiento, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades que padecía el hijo del recurrente. Sin embargo, agrega la resolución, "tuvieron que adoptar ante las reiteradas negativas de aquel a someterse a la medicación que se le diagnosticaba las medidas reglamentarias oportunas con la correspondiente autorización de la Dirección del centro penitenciario a fin de que se cumpliera el tratamiento indicado".

El TS aprecia una "concurrencia de culpas", "siquiera sea con una desproporcionada intensidad entre la actuación del interno que estaba obligado a seguir según el artículo 19 del Real Decreto 120/1981, de 8 de mayo de 1981 las normas de sanidad y los servicios médicos penitenciarios, al no adoptar, exigir e imponer el tratamiento profiláctico recetado para las infecciones clínicamente detectadas, que aquél se negó a recibir".

La sentencia indica que "hubo entre la actuación administrativa y el daño una relación de causalidad, una conexión mínima, indirecta de causa y efecto, sobrevenida y concurrente con el comportamiento de la propia víctima". "El deber de la Administración de velar por la vida de los internos en los centros penitenciarios se infiere de los artículos 3, 14, 22, 40 y 45 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre", concluye.

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