La Xunta, y los empresarios gallegos y del norte de Portugal han acordado este viernes por unanimidad dirigirse al Gobierno luso para pedirle una moratoria en la imposición de sanciones que se deriven de la aplicación del nuevo sistema de peajes en las autopistas y autovías de este país, porque la "falta de información" hace que "a veces, los incumplimientos sean obligados".

Así lo ha manifestado el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, tras participar en una reunión en la que estaban presentes también los titulares de Economía e Industria, e Infraestructuras, representantes de los empresarios pontevedreses, de los empresarios de Viana do Castelo, de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial y de otros organismos de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Tras el encuentro, de algo más de una hora, Rueda ha explicado que se adoptaron una serie de conclusiones por unanimidad, que serán remitidas a los Ejecutivos de España y Portugal. Así, una de las propuestas es solicitar una moratoria en la aplicación de sanciones, dada la "evidente falta de información" sobre los dispositivos de pre-pago y la "crispación" que ha supuesto entre los usuarios de esas vías la puesta en marcha de la medida, por lo que piden un "tiempo prudencial" para que "todo el mundo pueda acceder a los dispositivos de pago".

El conselleiro ha precisado que los asistentes a la reunión en ningún momento han pretendido cuestionar la decisión de Portugal sobre la aplicación de esos peajes, "una decisión de un Estado soberano", aunque sí cuestiona el modo en que se ha puesto en práctica. Precisamente, ése es otro de los puntos del acuerdo: "expresar el malestar" de la Xunta y los empresarios con los efectos que esa medida va a tener en el desarrollo socio económico de la eurorregión.

Más acuerdos

Asimismo, en la reunión también se ha acordado pedir una campaña de información eficaz por los problemas que la puesta en marcha de los peajes, a partir de este viernes, ha ocasionado. De hecho, el conselleiro ha recordado que muchos de los puntos de venta de los sistemas de prepago no tenían suficientes unidades y que los usuarios, especialmente extranjeros, "no saben a dónde dirigirse".

Otro de los acuerdos ha sido solicitar al Gobierno portugués que facilite el pago en metálico de esas tasas —algo imposible ahora— y que se avance en la implantación de un dispositivo telemático único ya que los que ahora son obligatorios, ni siquiera son los mismos que se aplican en las autopistas lusas y, por supuesto, son diferentes de los que usan los conductores gallegos. DISCRIMINACIÓN

Por otra parte, Rueda se ha referido a una "posible infracción del derecho comunitario" en la aplicación de la medida, puesto que sólo los ciudadanos portugueses pueden beneficiarse de exenciones en el pago de los peajes. "Parece elemental que si hay exenciones para ciudadanos portugueses, debe haberlas para los españoles, en aplicación del derecho comunitario y del sentido común", ha resaltado.

Alfonso Rueda ha recordado que Galicia es el primer proveedor de mercancías al Norte de Portugal —el tercero en suministros generales—, mientras que Portugal es el primer abastecedor extranjero de la comunidad gallega. También ha destacado que, cada día, cruzan las diferentes fronteras luso-galaicas más de 75.000 personas, lo que supone 27 millones al año. "Tal y como están implementados los peajes, pueden afectar a las relaciones comerciales, por eso demandamos cambios", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Viana do Castelo, José Luis da Rocha Ceia, también ha hecho hincapié en el perjuicio que esta medida supone para las relaciones económicas en la eurorregión y ha apuntado que, en el caso de Viana do Castelo, el 40 por ciento del capital empresarial es español —mayoritariamente gallego—.

También ha confirmado la "confusión" de los usuarios tanto particulares como profesionales del transporte en el primer día de aplicación de los peajes, y ha coincidido en señalar que "el proceso de información ha estado muy mal conducido". No obstante, ha manifestado su esperanza de que el Gobierno portugués tenga en cuenta las propuestas acordadas este viernes en Vigo y que "serán oídas más tarde o más temprano".