El Ayuntamiento de La Línea llevará a la UE los rellenos de Gibraltar ante la "falta de decisión" del Gobierno

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción (PP) ha anunciado su intención de iniciar los trámites para llevar ante las instituciones europeas el caso de los rellenos al mar que "realiza Gibraltar en los dos litorales" ante la "falta de decisión del Gobierno español, puesta ahora en evidencia por el ministro Moratinos ante la amenaza y órdago" del ministro principal de la roca, Peter Caruana.
Peñón de Gibraltar
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Peñón de Gibraltar

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción (PP) ha anunciado su intención de iniciar los trámites para llevar ante las instituciones europeas el caso de los rellenos al mar que "realiza Gibraltar en los dos litorales" ante la "falta de decisión del Gobierno español, puesta ahora en evidencia por el ministro Moratinos ante la amenaza y órdago" del ministro principal de la roca, Peter Caruana.

En un comunicado, el gobierno municipal linense ha dejado claro que considera que si el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, "no dice nada con el tema de las aguas, menos hará con el asunto de los rellenos".

Ha enfatizado que los rellenos con áridos y escombros que se realizan en el Peñón ya ocasionan efectos "perjudiciales" en el litoral lienense. "No podemos permitir un daño medioambiental que afecta a nuestra riqueza, a la calidad de vida y al patrimonio natural. Nadie va a jugar con el patrimonio de once kilómetros de playas", ha advertido.

La intención municipal es pedir a Europa que "suspenda cautelarmente los rellenos y que el estudio de impacto ambiental, si es que existe, llegue a nosotros como parte perjudicada".

El Ayuntamiento aclara, en este sentido, que ha sido "muy respetuoso" con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue "al primero al que recurrimos por los rellenos sin que haya habido respuesta alguna".

Según expone, el Consistorio linense remitió una carta sobre este asunto al Ministerio en julio de 2005. Según dice, un mes más tarde contestó el entonces director general José Pons mostrando "planteamientos coincidentes con la preocupación del Ayuntamiento", pero "nunca más hubo respuesta a pesar de nuestra insistencia".

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