El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha formulado al Gobierno central una serie de preguntas en las que se queja por las obras "ilegales" para el trasvase del río Castril (Granada) y la "carga" que la Policía y la Guardia Civil efectuaron el pasado mes de septiembre contra los vecinos que protestaban contra las mismas.

En las preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el diputado mantiene que las obras son "un dislate económico y ecológico" que afecta "gravemente" al ecosistema y atenta contra los intereses de cientos de regantes de la comarca y subraya que las máquinas ya han arrancado árboles de especies protegidas.

Las obras de retención y canalización de hasta el 80 por ciento del caudal del río fueron aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino— para conducir el agua hacia otras zonas, en el marco del abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo anuló esa aprobación pero la confederación hidrográfica no sólo no ha paralizado las obras, sino que, además, ha seguido enviando a los agricultores notificaciones de expropiación. Además, la empresa encargada de las obras ha comenzado a "invadir" fincas privadas en contra de la voluntad de sus propietarios y sin aportar pruebas que demuestren que éstas han sido expropiadas.

Así las cosas, Llamazares quiere que el departamento que dirige Elena Espinosa especifique qué razones tiene para no acatar la sentencia del Supremo que anuló la aprobación de las obras y le exige que paralice "de inmediato" las obras del trasvase y las expropiaciones de las fincas afectadas.

"carga policial"

Por otra parte, el parlamentario ha hecho referencia a una "carga policial" efectuada contra vecinos de Castril cuando a principios del pasado mes de septiembre protestaban contra las obras y que, según explica, acabó "con varios de los concentrados contusionados".

Así, quiere que el Ejecutivo explique qué autoridad dio la orden de "cargar" contra los vecinos y a instancias de qué organismo, institución o empresa se produjo la orden. Para concluir, Llamazares exige al Gobierno que explique cómo justifica la "contundencia".