Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach acusan a la ex-presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y al ex-conseller de Turismo, Miquel Nadal, de concertarse, junto a otras ocho personas imputadas, para "beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos por valor de 240.000 euros a sociedades con las que tenían estrecha relación de propiedad, control o vinculación".

Así, en su escrito de acusación señalan que el plan para beneficiar a esas mercantiles particulares con los fondos públicos de los que "tenían poder de disposición" se hizo con "desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas y evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en la posibilidad de obtener subvenciones".

Además, los fiscales les acusan de haber utilizado "documentos oficiales esenciales en la tramitación administrativa de contenido absolutamente inveraz" y de haber presentado "documentación mercantil simulada, así como certificaciones inveraces".

"El uso de facturas falsas se realizaba para que no se conociera el verdadero destino de los fondos recibidos y, de este modo, poder engañar a los servicios de intervención o control de la administración", indican Carrau y Horrach, quienes constatan que el destino final de los fondos públicos que se entregaban era el de "beneficiar a mercantiles próximas a miembros destacados de UM".

Por estas razones, el Ministerio Fiscal solicita para Munar seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad en documento oficial y con prevaricación, mientras que también pide para ella una multa de 108.000 euros e inhabilitación para todo empleo o cargo público local, autonómico o estatal por un periodo de cuatro años por el delito de negociaciones prohibidas.

Mientras, reclama para Nadal seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años por el delito de malversación continuada en concurso medial con falsedad en documento oficial y con prevaricación, así como una multa de 72.000 euros e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de cuatro años por el delito de negociaciones prohibidas.

(

Habrá ampliación)