El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de Ley del PP-A, que fue transaccionada por el grupo socialista, en la que se insta al Gobierno andaluz a que reclame al Ejecutivo de la Nación que impulse "las medidas necesarias para que los bienes incautados en la Operación Malaya y demás procedimientos judiciales relacionados con los órganos municipales desde el año 1991 a 2006 en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), se destinen a restituir el daño patrimonial que se ha ocasionado a dicho consistorio".

A la iniciativa del grupo popular, se ha incorporado una enmienda planteada por el PSOE-A en el sentido de que la Junta inste al Ejecutivo de la Nación a que "dicha restitución se traduzca en beneficio directo a los ciudadanos de Marbella, mediante la realización de un Plan de inversiones directo, capaz de generar empleo y riqueza en el municipio y se haga frente a las obligaciones contraídas por la corporación municipal" con las administraciones central y andaluza.

La diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha calificado, durante su intervención ante el Pleno, de "oportunista" y "demagógica" la iniciativa del PP-A, que coincidiendo con el inicio de la Operación Malaya, decide plantear en la Cámara una iniciativa sobre algo que ya se votó en el Parlamento en abril 2006, según ha dicho.

Ha querido dejar claro que los socialistas fueron los que denunciaron continuamente las tropelías de Jesús Gil en los tribunales, mientras que el Partido Popular no planteó "ninguna". Además, ha asegurado que los socialistas expulsaron de manera fulminante a quien pactó con los deshechos de Gil, a diferencia de la actitud que mantuvo el PP al respecto, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la Junta se volcó de llenó con el ayuntamiento para lograr las medidas de saneamiento que se precisaban.

Ha acusado al actual gobierno del PP de gastar dinero de manera innecesaria y se ha preguntado si esa es la razón de que no cuente aún el consistorio con un plan de saneamiento. Ha insistido en la apuesta de la Junta por las inversiones en Marbella en la actualidad. Ha resaltado que la Operación Malaya se lleva a cabo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que la Junta ha hecho un esfuerzo importante para la dotación del juzgado y que el juicio se desarrolle en las mejores condiciones.

Con esa enmienda se persigue, según explicó Bustinduy a los periodistas antes del debate de la iniciativa, que quede claro que el dinero vaya en beneficio de los ciudadanos de Marbella a través de un plan extraordinario de inversiones que genere empleo en el municipio porque si no se temen que la alcaldesa convierta ese dinero "en combustible electoral" ante las elecciones municipales, dentro de la política "derrochadora" del PP.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella y diputada del PP-A, Ángeles Muñoz, ha indicado que esta iniciativa persigue defender los intereses de los ciudadanos marbellíes, después de haber sufrido quince años de corrupción y de quiebra de los valores democráticos en el municipio, lo que provocó que perdiera un importante patrimonio.

Cuando el PP-A llegó al gobierno municipal, según ha dicho, se encontró un ayuntamiento embargado, con inseguridad jurídica y urbanística y con un grave problema económico, todo ello fruto de los anteriores gestores. El PP-A, ante la situación que encontró, según ha dicho, tenía que demostrar voluntad y solvencia, y estableció un calendario de pago de las deudas pendientes del municipio con la Seguridad Social y con Hacienda, además de hacer frente a todos los acreedores de bancos y proveedores.

Tras indicar que el ayuntamiento tiene que aguantar el "perjuicio de los años anteriores, mientras que no llega ni un solo euro", ha querido dejar claro que el Ayuntamiento ha estado pagando religiosamente con la llegada del PP al gobierno municipal. Según Muñoz, si ahora no hay un acuerdo, la situación del consistorio será "inviable" a partir de 2011, cuando se tendrá que pagar un millón y medio de euros al mes a la Seguridad Social y a Hacienda, además del crédito que concedió la Junta. "Queremos un acuerdo político igual que el adoptado en 2006 para hacer viable la institución que los anteriores gestores saquearon", ha apuntando.

El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha querido dejar claro que su formación siempre ha defendido un frente común para la recuperación de los fondos saqueados a Marbella y que el Estado no puede hacer "dejación" de funciones ante la solución global de un gran expolio en el municipio.

Para Castro, o se adopta un acuerdo en tal sentido o se opta por acordar "el cierre" del ayuntamiento el año que viene porque va a ser muy difícil que afronte sus deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y con entidades bancarias o al pago del crédito de 100 millones que concedió la Junta.