La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha condenado al Ayuntamiento de la capital a abonar más de 30.000 euros al sindicato CGT tras considerar ilegal por parte de la Policía Municipal el desmantelamiento del 'Campamento Libertario' que dicha organización sindical montó el pasado día 23 de septiembre, con carácter previo a la huelga general celebrada seis días después, en el entorno de la Estación de Tren de Campo Grande.

En su fallo, el TSJCyL estima así "íntegramente" el recurso contencioso administrativo interpuesto por CGT y declara "radicalmente nulo" el desalojo por considerar que ello supone una "violación del derecho de reunión y manifestación", de ahí la multa de 30.000 euros por daños morales" que el Consistorio vallisoletano habrá de abonar a la organización sindical, amén de las costas del proceso judicial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El Alto Tribunal castellanoleonés precisa que incluso la Policía Municipal "se excedió" en el decomiso de objetos al quitar a los manifestantes objetos que nada tenían que ver con la acampada.

El desmantelamiento del referido campamento fue llevado a cabo por la Policía Municipal en colaboración con la Policía Nacional bajo la premisa que los participantes no contaban con autorización municipal de ocupación.