El sindicato CSI ha presentado este miércoles ante la Fiscalía del TSJA una denuncia penal por lo que considera "el cierre ilegal" de Naval Gijón y para que se depuren las posibles responsabilidades del administrador único del astillero gijonés y de Pymar. El sindicato da de plazo a la Fiscalía un mes como máximo para llevarlo al Juzgado o presentar una denuncia, antes de presentar una querella directamente.

El contenido de la denuncia ha sido presentado por dos ex representantes del Comité de empresa de Naval Gijón, Cándido González Carnero 'Cándido' y Balbino Cano, y por el abogado Fernando Merodio en la Casa Sindical. Entre los delitos denunciados, hay algunos contra los derechos constitucionales de los trabajadores, falseamiento de cuentas, malversación impropia, unidas a las agravantes de prevalerse del carácter público que tenga alguno de los culpables o abuso de confianza.

Asimismo, la denuncia, presentada en nombre del sindicato por el secretario general de la CSI, Samuel Fernández Fernández, el anteriormente citado Balbino Cano y Alfonso Piney González, fue interpuesta contra Pymar y más concretamente su presidente, Francisco González Viñas, así como contra el administrador único y el presidente económico de Naval Gijón, Pedro Luis García Sanz y José Romero Bernabeu, respectivamente.

También se presentó contra los directivos de Astilleros Asturianos, constituida por Pymar para gestionar Naval Gijón, de Dike Global y Hecikom 7. Según la CSI, también es falso que Astilleros Asturianos esté participada por Factorías Vulcano, Hijos de J. Barreras, Astilleros de Huelva, Astilleros Zamacona, Navales P. Freire y Astilleros Balenciaga, todas ellas socias de Pymar, como Naval Gijón, y, por ende, controladas por ella.

Además, se insta a investigar la Sociedad Pesquier Navegacao, Sociedade Uniperssoal Limitada y Weselman Navegaçao, con domicilio social en Madeira -conocido paraíso fiscal dice la CSI—- y creadas por Naval Gijón con "un ridículo" capital social de 5.000 euros y un objeto social "evidentemente especulativo".

Cada una de ellas encargó al astillero gijonés construir un barco por 49 millones de euros cada uno y luego se lo cedió a la noruega Knutsen mediante "leasing". Para el sindicato, esto pudo hacerse para beneficiarse la naviera noruega de beneficios fiscales que sólo se hacen entre países de la UE.

Por su parte, Cándido ha destacado que la denuncia fue presentada contra "el cierre fraudulento" de Naval Gijón y ha apuntado a la falsificación de algunos documentos, la creación de sociedades e incluso ha hablado de paraísos fiscales.

A esto ha unido el compromiso incumplido de recolocación a los 44 excedentes del astillero, algunos de los cuales están en "una grave situación" al haber agotado el paro. En este punto, se ha puntualizado que no se hizo ni una gestión para su recolocación pese a comprometerse el Principado y el Ayuntamiento de Gijón.

Asimismo, ha indicado que no se hizo un proceso concursal para evitar la quita a los proveedores y ha incidido en la vulneración "total" de los derechos de los trabajadores. Por todo ello, ha señalado la necesidad de resolver pronto el asunto y ha advertido que están estudiando si en Juliana pudo pasar algo similar.

Por su parte, Merodio ha asegurado que hay "indicios más que sólidos" para pensar en que estas personas hayan incurrido en responsabilidades penales de diverso tipo. Por este motivo, ante la "gravedad" de los hechos, se optó por acudir a la Fiscalía para que se abra la investigación pertinente. Si eso ocurre, la CSI se personará en la causa de la mano de la Fiscalía, pero si no, presentará su propia querella.

El abogado ha opinado que al presentar la denuncia, que consta de 36 folios más los anexos, el fiscal jefe se mostró "sensible" al planteamiento de la CSI y les dijo que intentará responderles en breve. También ha incidido en que hay más implicados porque, a su juicio, "las decisiones se tomaron en otros sitios".

Merodio, que en su relato ha hecho alusión en varias ocasiones a la película 'Los lunes al sol' para reflejar la situación del sector, ha explicado que en el cierre de Naval Gijón se llevaron a cabo "operaciones extrañísimas" antes de la presentación del último ERE, como la creación de sociedades instrumentales. Asimismo, ha matizado que es posible que algunos astilleros debieran desaparecer, cosa que rechazó para Naval, aunque no con engaños, como en este caso.

También ha tildado de "impresentable" el último ERE, al haber aportado documentación falsa y faltar las cuentas auditadas de 2007. Según él, no coinciden las cuentas presentadas para el ERE con las que figuraban en el Registro Mercantil. Es más, se cuestiona la legalidad del ERE al basarse en documentación falseada y por la vinculación de Pymar y Naval.

Una situación advertida en un principio tanto por CSI, CCOO y UGT, aunque finalmente estos dos últimos sindicatos firmaron el ERE. Es por ello, que la CSI cree que puede haber incluso una responsabilidad de la Administración regional, aunque se estudiará como ampliación de la denuncia si ésta prospera.

El abogado ha agregado que, dado que no hubo proceso concursal, habrá el caso de empresas proveedoras y subcontratas a las que haya arruinado el cierre sin liquidación del astillero gijonés. También ha lamentado que por toda esta situación no haya ido nadie a la cárcel y los únicos que lo hicieron fueron Cándido -sentado a su lado— y Juan Manuel Martínez Morala "porque dicen que rompieron una cámara de televisión". "Los demás están en la calle descojonándose de la risa", ha dicho.

Además, ha incidido en que, en el caso de los excedentes de Naval Gijón, existen daños económicos y morales. Aunque lo primero es que les recoloquen, ha apuntado que hay dinero para pagar posibles indemnizaciones.

Merodio ha apuntado a los terrenos del astillero, en los que no se iba a construir, y ahora "va a ser un negocio". A este respecto, ha avanzado que, si se prospera la denuncia, se van a pedir medidas cautelares para garantizar los pagos que haya que realizar. "Si hay Justicia, esto no hay quien lo salve", digo sobre una posible condena.

Por su parte, Cano, que es a su vez uno de los excedentes de Naval Gijón que ya agotó el paro, ha señalado que son diez ex trabajadores del astillero a los que se privó de la posibilidad de cotizar de forma que cuenten con una jubilación adecuada, al tener más de 52 años.

Asimismo, ha puesto a disposición de la Fiscalía el aportar más documentación que ratifique la denuncia. "Tengo plena fe en que la Justicia resuelva algo tan sumamente injusto como es el cierre de Naval Gijón", ha dicho, mientras que Cándido ha evitado mostrar su confianza en la Justicia hasta ver qué pasa. "Hay materia suficiente para que haya una investigación", ha apostillado este último.

En cuanto a la denuncia, se relata la relación de Naval Gijón con Pymar, pasando ésta a hacerse con el capital de la primera en 2004, fecha en la que toma el poder de decisión, aunque no se hacía cargo de sus pasivos.

Entre otras cosas, se recalca que siguiera contratando la construcción de barcos y suscribiera créditos de millones de euros con proveedores a los que sabía que no iba a pagar. En este sentido, dada la situación de insolvencia, se realizaban quitas de hasta el 50 por ciento en la entrega de los barcos para aminorar las deudas. También concedió créditos a fondo perdido de diez millones de euros a terceros previamente al ERE, pese a su situación "de penuria".