"Todos nos piden regalos, desde PSOE, UM y PP. Desde hace treinta años se trabaja igual y ahora se rasgan las vestiduras", ha admitido de forma tajante ante el juez Francisca Coll, quien junto a su marido y propietario del Grup Trui, Miquel Jaume, se encuentra imputada dentro de la causa de presunta corrupción conocida como caso Ibatur. Una comparecencia en la que, sin embargo, ha querido dejar claro que estas dádivas no van dirigidas a recibir a cambio contraprestación alguna en materia de contrataciones públicas.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y con la presencia del fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios de los abogados personados en este procedimiento, Coll ha abundado en esta cuestión aseverando que estos obsequios, que "siempre" se han realizado con material de sonido, los pide "todo el mundo, partidos políticos, ayuntamientos, ya que quieren que la empresa tenga detalles". "Creo que no hacemos daño a nadie", ha enfatizado.

Los investigadores postulan que entre las personas a las que presuntamente agasajó el grupo audiovisual se encuentran el ex alcalde de Montuïri, Joan Antoni Ramonell, a quien habría obsequiado con el montaje -valorado en unos 5.000 euros- de la celebración de sus bodas de plata en un restaurante del empresario Vicenç Grande; así como el hermano del ex gerente del Ibatur, R.A., al sospechar que la empresa le gratificó con infraestructuras y personal técnico en su boda, cuyo coste ascendería a 2.600 euros.

No obstante, la encausada, asistida por el letrado Javier Blas y quien principalmente se encarga de la contabilidad y de los pagos a los proveedores en Trui, ha aseverado que el sonido que montaron en el enlace de Marcos Alabern era "de risa", ya que un equipo de sonido "puede valer 50 euros", mientras que en el caso de Ramonell, "a quien no he visto en mi vida, lo que se hizo para él era pequeño". "Estos montajes fueron un regalo, no los hemos cobrado", ha incidido.

Mientras tanto, en relación a los concursos convocados por las Administraciones para la adjudicación de contratos, Coll ha reconocido que algunas empresas del mismo grupo se presentan a estas licitaciones. "No es habitual, pero se hace", ha recalcado en este sentido la imputada, quien ha manifestado incluso que los trabajos realizados "a veces se cobran en negro" por parte de los Ayuntamientos. "Pequeñas cantidades", ha afirmado, por las que a los Consistorios "no se les hace factura". (

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