Según el estudio 'Situación del Servicio de Atención Residencial en España' realizado por PricewaterhouseCoopers, en España, únicamente las comunidades de Castilla y León (7%), Castilla La Mancha (6,8%), Aragón (6,0%), Navarra (5,5%), Asturias (5,4%), Melilla (5,4%) y La Rioja (5,2%) cumplirían estas recomendaciones, con índices que superan el 5%.

En las últimas posiciones, se encuentran comunidades como Ceuta (1,8%), Murcia (2,2%), Galicia (2,5%), Andalucía (2,8%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Baleares (3,2%).

En la franja intermedia, y cercanas a la recomendación, se ubicarían las comunidades de Extremadura (4,2%), Cataluña (4,4%), País Vasco (4,6%), Cantabria (4,7%) y Madrid (4,9%).

En este sentido, el estudio apunta que el crecimiento potencial de plazas residenciales podría cifrarse en torno a 70.000 plazas adicionales, y que existe por tanto una "demanda por satisfacer".

A esto se añade la "necesaria reconversión" de muchas de las plazas actuales a medida que se aprueben las normas de acreditación de los centros y servicios en las diferentes comunidades autónomas, concluye el análisis.

El objetivo de la citada acreditación es garantizar que los centros y servicios que formen parte del sistema cumplan los requisitos de calidad en los recursos materiales y equipamientos, en la capacitación, cualificación y número de los profesionales que presten estos servicios, y en la accesibilidad de los citados centros, entre otros ámbitos de actuación, marcados por la Ley de la Dependencia.