La comisión técnica creada por el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos para estudiar el nuevo diseño administrativo y competencial del archipiélago —la denominada 'tercera descentralización— aún no ha concretado un documento que determine el nuevo marco y "continúa trabajando", según han detallado a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Los trabajos se activaron a principios de año y habrá un nuevo encuentro de la comisión a finales de este mes o principios del próximo. El Ejecutivo, los cabildos y los ayuntamientos acordaron el pasado mes de enero la creación de dos comisiones, una técnica y otra política, que analizarían el nuevo diseño administrativo y competencial del archipiélago, lo que supondrá la tercera descentralización administrativa.

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, afirmó entonces que se trataba de un acuerdo "importante" ya que ambas comisiones —compuestas por dos miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), otros dos de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y tres de la Comunidad Autónoma— dibujarán el "método" para clarificar cuestiones relacionadas con los Servicios Sociales, Forestales y de Medio Ambiente. Puntualizó que la comisión política cada dos meses analizará los avances realizados.

Ruano explicó en enero de 2010 además que esperaba que los trabajos de ambas comisiones concluyan en un año para que el documento se plasme en un acuerdo del Gobierno o del Parlamento. Detalló que en éste se incluirán las consecuencias económicas del mismo. Añadió que si no se pudieran acometer estas consecuencias "se demorarían" hasta el momento oportuno. En esta línea, el consejero apuntó que las bases para esta descentralización se sentarán en la presente legislatura y apuntó que lo deseable es que también se aprobara en este mandato.

Este acuerdo llegó semanas después de que las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, se enfrentasen al Gobierno por esta cuestión. Fue el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, quien aseguró en octubre de 2009 que ya se había iniciado el proceso, anuncio que fue recriminado por las corporaciones locales que aseguraron no tener constancia del mismo.