Según el estudio 'Situación del Servicio de Atención Residencial en España' realizado por PricewaterhouseCoopers, en España, únicamente las comunidades de Castilla y León (7 por ciento), Castilla La Mancha (6,8 por ciento), Aragón (6,0 por ciento), Navarra (5,5 por ciento), Asturias (5,4 por ciento), Melilla (5,4 por ciento) y La Rioja (5,2 por ciento) cumplirían estas recomendaciones, con índices que superan el 5 por ciento.
En las últimas posiciones, se encuentran comunidades como Ceuta (1,8 por ciento), Murcia (2,2 por ciento), Galicia (2,5 por ciento), Andalucía (2,8 por ciento), Comunidad Valenciana (3,2 por ciento) y Baleares (3,2 por ciento).
En la franja intermedia, y cercanas a la recomendación, se ubicarían las comunidades de Extremadura (4,2 por ciento), Cataluña (4,4 por ciento), País Vasco (4,6 por ciento), Cantabria (4,7 por ciento) y Madrid (4,9 por ciento).
En este sentido, el estudio apunta que el crecimiento potencial de plazas residenciales podría cifrarse en torno a 70.000 plazas adicionales, y que existe por tanto una "demanda por satisfacer".
A esto se añade la "necesaria reconversión" de muchas de las plazas actuales a medida que se aprueben las normas de acreditación de los centros y servicios en las diferentes comunidades autónomas, concluye el análisis.
El objetivo de la citada acreditación es garantizar que los centros y servicios que formen parte del sistema cumplan los requisitos de calidad en los recursos materiales y equipamientos, en la capacitación, cualificación y número de los profesionales que presten estos servicios, y en la accesibilidad de los citados centros, entre otros ámbitos de actuación, marcados por la Ley de la Dependencia.
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