La Junta dice que "quienes ahora" reclaman el Plan de Empleo son "los mismos que no hicieron nada" en tiempos de Aznar

La Junta de Extremadura ha recordado al PP extremeño que no reclamó al Gobierno de José María Aznar el plan especial de empleo que el Ejecutivo regional sí consiguió con el gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

La Junta de Extremadura ha recordado al PP extremeño que no reclamó al Gobierno de José María Aznar el plan especial de empleo que el Ejecutivo regional sí consiguió con el gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

"Quienes ahora exigen la continuidad del Plan Integral de Empleo precisamente son los mismos que no hicieron nada para conseguir un plan de empleo para Extremadura en tiempos de Aznar", ha asegurado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Así, ha sostenido que, "frente a la negativa" del Ejecutivo del PP, el "compromiso" adquirido por el Estado en 2004 de dotar a Extremadura de un plan como el que tenían otras comunidades autónomas con "especiales dificultades" supuso un "apoyo sin precedentes" al Gobierno regional en su "apuesta por mejorar la empleabilidad de los extremeños".

La inversión realizada durante los últimos seis años por el Estado en Extremadura a través del Plan Integral de Empleo ha ascendido a 152 millones de euros, que "además de contribuir a apoyar el empleo de 60.000 extremeños han posibilitado la construcción de la Escuela de Hostelería de Mérida".

También ha permitido a Extremadura ser una de las regiones en las que porcentualmente menos ha crecido el desempleo en este periodo de crisis. En este momento, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana tienen tasas muy superiores de desempleo a la extremeña, y otras como Murcia tienen tasas similares.

Además del extremeño, el Gobierno tenía reconocidos planes de empleo por circunstancias especiales, en Canarias, Galicia, Andalucía o Castilla-La Mancha. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo decidió el pasado año la eliminación de todos los planes especiales de empleo salvo el de Canarias, el cual fue reconocido en tiempos de Aznar en la disposición adicional quinta de la Ley de Empleo de 16 de diciembre de 2003. "Canarias tenía en el 2004 cinco puntos menos de tasa de paro que Extremadura, situándose en el 13%, y ahora tiene 7 puntos más, con casi un 30%", ha apuntado la Junta.

"Fue, por tanto, el Partido Popular el que comenzó creando por ley una discriminación hacia Extremadura, cuando en aquel tiempo nuestra Comunidad Autónoma tenía una tasa de desempleo mayor que Canarias", ha asegurado.

Se da la circunstancia también de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, especialmente Castilla y León y la Comunidad Valenciana, han protestado en las Conferencias Sectoriales por la existencia de planes especiales de empleo, lo que también, a juicio del Ejecutivo regional, "ha empujado" al Ministerio de Trabajo a eliminar todos aquellos planes que no tuvieran una previsión legal.

La Junta de Extremadura, como Administración regional "profundamente preocupada e implicada" en el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Autónoma, se caracteriza por la "constante" puesta en marcha de medidas dirigidas a promover las condiciones que permitan la generación de empleo, la cualificación de los recursos humanos y la mejora de la competitividad del tejido empresarial extremeño.

En 2011, la inversión de la Junta de Extremadura, con las aportaciones que recibirá del Ministerio de Trabajo y del Fondo Social Europeo para las políticas activas de empleo, permitirá a 150.000 extremeños, personas trabajadoras y desempleadas, y empresas de la región beneficiarse de los programas para el fomento del empleo y a la contratación, acciones de formación y la adquisición de experiencia laboral, autoempleo y proyectos de orientación e intermediación laboral.

El próximo año, casi la mitad del presupuesto destinado a las políticas activas será aportados por el Gobierno Central, lo que supone que el Ministerio de Trabajo concede una cantidad de euros por persona desempleada "superior" a la media y demuestra la "solidaridad" del Gobierno de España con la Comunidad Autónoma.

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