La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria ha multado con 735 euros a un hotel-restaurante de la zona oriental de la comunidad autónoma por deficiencias higiénicas tanto en el establecimiento como en la conservación y manipulación de alimentos.

Según la resolución, consultada por Europa Press, a la hora de fijar la sanción, por tres infracciones administrativas leves, se ha tenido en cuenta que la mayoría de las deficiencias detectadas han sido subsanadas.

En concreto, el establecimiento ha sido sancionado con 300 euros por las deficiencias higiénico estructurales observadas en los locales y equipos; con 200 euros por deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias de conservación y manipulación de alimentos; y con 230 euros por deficiencias documentales.

Los hechos que han dado lugar a estas sanciones se remontan al pasado mes de mayo, cuando se realizó una visita de inspección al establecimiento, dedicado a la actividad de comidas preparadas, y se constató la existencia de deficiencias que infringen lo establecido en la normativa técnico-higiénico-sanitaria.

En concreto, y en relación a las condiciones higiénicas y estructurales de los locales y equipos, se observó un deficiente estado de limpieza y mantenimiento de los locales, con humedades en el techo de la cámara de fruta y verduras, desconchones en paredes y presencia de suciedad en la zona del almacén, o una deficiente limpieza de los equipos, entre otras cuestiones.

Y por lo que respecta a las deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias de conservación y manipulación de los productos, la resolución señala que los productos de alimenticios se almacenan sin protección ante la posibilidad de contaminación. Así, en el caso de pescados y almejas éstos se encuentran tapados con trapos, mientras los mejillones se conservan sumergidos en agua después de la cocción y almacenados en la cámara frigorífica.

Finalmente también se constataron deficiencias documentales, como el no acreditar al proveedor inmediato de los mejillones existentes en el establecimiento en el momento de la inspección, y no acreditar tampoco la aplicación de un sistema de autocontrol basado en los principios del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de control Crítico (APPCC) en el ejercicio de la actividad.

Contra la resolución cabe interponer recurso de alzada ante el consejero de Sanidad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se produzca esta notificación.