El PP de Baleares estudiará ejercer la acción popular en el caso Palma Arena después de que la Audiencia Provincial de Palma rechazase este jueves que se persone como acusación particular en esta causa de presunta corrupción, lo que solicitó el partido alegando una "absoluta indefensión" en este procedimiento a tenor de las "graves acusaciones" que pesan sobre la formación en el marco de las investigaciones, entre ellas haber sido financiada de forma presuntamente irregular.

Así lo ha indicado a Europa Press el asesor jurídico del PP balear y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, quien ha lamentado, sin embargo, la "gran diferencia" existente entre personarse como acusación particular -como parte perjudicada en el proceso- o popular, en cuyo caso debería abonarse una fianza fijada por el juez, que el abogado confía en que no fuese superior a los 1.500 euros exigidos al PP en el caso Gürtel.

"No están los partidos como para afrontar fianzas de estas características", ha aseverado al respecto Gordillo, quien ha negado asimismo que la intención del PP como acusación particular fuese "torpedear" las investigaciones, en contra de lo arrojado en su auto el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, en el que sostiene que la intención de los 'populares' era "desacreditarlas". "Me preocupa que el PP no haya podido personarse como acusación particular", ha incidido el ex fiscal.

Tal y como ha recalcado, el "ánimo" de los 'populares' es "colaborar" en las pesquisas, al aseverar que el partido "es uno de los primeros interesados en luchar contra la corrupción". "De hecho, cuando a sus militantes les ha afectado alguna imputación, se les ha dado de baja, algo que no hace ninguna otra formación", ha recalcado Gordillo.

Asimismo, ha manifestado que en caso de que el juez José Castro, encargado del proceso y quien en primera instancia ya rechazó la petición de los 'populares' de personarse como parte afectada en el procedimiento, mostrase una actitud "irregular durante el proceso fruto de su enemistad o animadversión hacia el PP", pedirían su recusación una vez personados como acusación popular y "siempre que haya motivos".

El partido defendía en el recurso de apelación rechazado por la Audiencia que, conforme los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "el auténtico perjudicado es el PP en su imagen y credibilidad y más aún tras el auto en que no se admite su personación como acusación particular por las desafortunadas expresiones vertidas por el juez instructor", quien llegaba a criticar las "actitudes tibias" de algún partido ante la corrupción "en clara referencia al PP".

Además, recriminaba al magistrado el hecho de que en su auto, del pasado 16 de julio, no sólo le impidiera ser parte activa en el proceso sino que incluso señalara que "la única posición que los gestores del PP pueden ocupar es la de autores imputados". Los 'populares' aseveraban que el partido resulta ofendido además cuando las pesquisas apuntan a una "posible financiación ilegal del PP balear y a la ocultación de gastos electorales", una de las líneas de investigación en las que se centra esta compleja causa dividida en un total de 25 piezas.