Las personas encargadas del control de acceso en los establecimientos públicos de la Región de Murcia deberán estar en disposición de un carné expedido por la Comunidad Autónoma que acreditará su formación y les habilitará para realizar esa labor, según ha informado la portavoz del Ejecutivo regional, María Pedro Reverte.

Se trata de una de las exigencias recogidas en el Proyecto de Ley Reguladora de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Región de Murcia aprobado por el Consejo de Gobierno y que será remitido de forma "inmediata" a la Asamblea Regional para su debate y votación en la Cámara.

Este Proyecto surge como consecuencia de los sucesos "trágicos" que tuvieron lugar hace unos meses en la Región de Murcia y que, a pesar de estar todavía en proceso judicial, reflejan que los porteros "quizá se habían extralimitado en el ejercicio de sus funciones", según informó Reverte en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por ello, el objetivo de este proyecto es garantizar la protección de los usuarios de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, con el fin de evitar actuaciones arbitrarias, abusivas o improcedentes, así como situaciones conflictivas o violentas.

El Proyecto de Ley será tramitado en el primer periodo de sesiones de la Asamblea, hasta diciembre de 2010, o bien entrar en el segundo periodo de sesiones, hasta abril de 2011. Desde la entrada en vigor de la norma, el Gobierno regional ha establecido un periodo de seis meses para que los profesionales puedan completar su formación en caso de ser necesario.

A los seis meses de la entrada en vigor, la Comunidad convocará unas pruebas de aptitud, que tendrá una parte teórica sobre cuestiones generales que tienen que ver con el derecho de admisión y normas de cierre de los establecimientos. Además, incluirá una prueba práctica que va a incluir nociones de primeros auxilios, protocolos de asistencia en casos de riesgo y técnicas básicas de autocontrol y defensa personal en situaciones de extrema necesidad.

El carné tendrá una vigencia de cuatro años, tras el cual tendrán que ser renovados y, entre los requisitos para obtenerlo, la Comunidad Autónoma exige ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, no tener antecedentes penales por delito o sanciones graves en materia de seguridad, así como poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria o un título de Formación Profesional de Grado Medio y disponer de un informe pericial de un psicólogo colegiado que evalúe las respuestas ante estas situaciones de estrés.

Este tipo de pruebas serán realizadas por los órganos competentes de la Administración regional, en concreto, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas que tiene la competencia sobre espectáculos públicos, así como por entidades colaboradoras que se podrán acreditar por la Comunidad.

Quienes tengan este carné profesional, deberán exhibir durante las horas de trabajo un distintivo en el que de forma visible se les identifique como personal de control y acceso con su nombre, apellidos y el número de carné profesional que les habilita para desarrollar la tarea.

Además, la Consejería de Presidencia creará un registro de personas habilitadas para el ejercicio de este control de acceso en el que se inscribirá a quien obtenga el correspondiente carné.

De esta forma, el control de acceso deberá ejercerlo personal debidamente formado y habilitado para ello, conforme a las especificidades establecidas en el propio texto. Entre las funciones de este personal se encuentra la regulación de la entrada, la colaboración con los funcionarios públicos encargados de las tareas inspectoras, así como controlar que el acceso no supere el permitido.

Otros aspectos del texto

El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Ejecutivo regional en julio del pasado año, especifica el tipo de espectáculos y actividades que quedarán afectados por la nueva regulación del derecho de admisión, así como las funciones del control de accesos, quiénes podrán ejercer esta tarea y los requisitos necesarios para desempeñarla, y se completa con un régimen sancionador.

El texto preserva el derecho de igualdad entre los usuarios, por lo que prohíbe expresamente que los establecimientos establezcan condiciones de admisión que contravengan el artículo 14 de la Constitución Española, siempre que estén basadas en juicios de valor sobre la apariencia estética o que discriminen a las personas por discapacidad física, psíquica o sensorial.

Igualmente, la Ley regula las limitaciones de acceso en determinados supuestos y los locales que tengan condiciones específicas de admisión deberán acreditarlo con los correspondientes carteles informativos.

En caso de incumplir la Ley, los locales se enfrentarán a un régimen sancionador que puede llegar a suponer el cierre "en casos extremos".