El consejero de Economía e Industria de la Xunta, Javier Guerra, ha afirmado que este viernes podrá estar listo un recurso contra el Decreto del Carbón ante el Tribunal de Luxemburgo —el que se podría presentar ante el Tribunal Supremo ya está preparado—, en el que argumenta que Galicia, como Comunidad afectada, tiene derecho a ser escuchada en la toma de la decisión.

Javier Guerra, en respuesta a preguntas de los periodistas, ha señalado que la Asesoría Jurídica de la Xunta lleva días trabajando en este tema para defender los intereses gallegos "al máximo". El recurso ante Luxemburgo "está enfocado a que la Comunidad Europea valore los efectos sobre una comunidad que no se han valorado".

El consejero ha insistido en los efectos negativos del Decreto sobre las centrales térmicas de ciclo combinado gallegas. Según sus cálculos, el texto llevará a que el 13 por ciento de la producción proceda de plantas que usan carbón nacional y eso llevaría "indefectiblemente" a que las plantas en Galicia "tengan que cerrar".

"Nos gustaría poder explicárselo al Gobierno", ha afirmado y ha pedido al Ejecutivo estatal que, ahora que "reconoce" los efectos para Galicia, atienda los planteamientos de la Comunidad.

En este sentido, ha destacado la "coordinación" con los ayuntamientos de As Pontes y Cerceda, pese a no ser del mismo color político, y ha señalado que buscará una postura común de los grupos en el Parlamento.

Decisión "unilateral"

El consejero ve "con sorpresa" la postura del Ejecutivo central y ha asegurado que actúa "sin ningún respeto por un Gobierno legítimo" como el gallego. "Tenemos claro que sí nos va a afectar y es imprescindible presentar planes alternativos reales; a los gallegos nos tienen que hablar en serio y dar soluciones a una situación creada por una decisión unilateral del Gobierno de España", ha dicho.

Guerra ha afirmado "que no han tenido en cuenta a Galicia" y, por ello, hará ver a la Unión Europea que la Comunidad tiene "derecho" a ser escuchada. Además, ha señalado que para la autorización al Decreto se ha tenido en cuenta una normativa que reserva a los estados la capacidad de usar hasta un 15 por ciento de carbón nacional, pero ha recordado que hay legislación europea que habla de libertad de empresa y limita el apoyo público a sectores.

También ha recordado que Europa promovió en su momento la conversión de las centrales gallegas, que ahora son "más eficientes" dentro del cumplimiento del Protocolo de Kioto. Si ahora se hace que vuelvan a usar carbón español, el consejero ha advertido que subirá la factura eléctrica y que habrá que comprar derechos de emisión de CO2. "¿Que sentido tiene esto?", se ha preguntado.

"Estamos convencidos de que hacemos lo que tenemos que hacer", ha afirmado el consejero, para luego censurar que el PSOE de Asturias haya dicho que la postura gallega no es solidaria. Guerra ha advertido que está "dispuesto" a seguir luchando. "Con esta posición del Gobierno vamos a presentar los recursos. Si el Gobierno de España no quiere vernos de forma directa, nos verá desde los tribunales, que es lo que nos va a quedar", ha sentenciado.