El Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) acoge este viernes un nuevo juicio contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), que, junto al arquitecto municipal y cinco concejales más, está acusado de un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción de un pabellón deportivo en La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido, por lo que se enfrenta a dos años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

El juicio iba a celebrarse el pasado 12 de julio pero la incomparecencia de un testigo —que cuando se aprobó el proyecto de construcción tenía responsabilidades en la Empresa Pública de Suelo de la Junta de Andalucía (EPSA)— retrasó hasta el 8 de octubre la vista, que está previsto que comience a las 10,00 horas.

La defensa de Benavides intentó entonces que se declararan nulas las actuaciones, al entender que éste se trata de un caso ya juzgado, puesto que en mayo del pasado año el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ya dictó sentencia que avalaba las decisiones que adoptó la Junta de Gobierno Local en relación con el pabellón, un fallo que está recurrido por la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el juez ya le ha respondido en un auto que la resolución del Contencioso "no obsta" a que tenga que celebrarse el juicio de este viernes puesto que estima que "ha sido más por una cuestión formal que por una de fondo" por la que en aquella sentencia se le daba la razón al Consistorio, lo que sin embargo "no prejuzga" el resultado del nuevo proceso penal, según ha informado a Europa Press el abogado del regidor, Rafael Revelles.

El caso a enjuiciar se remonta al pasado 25 de enero de 2005, cuando Benavides y el resto de su equipo de gobierno aprobó en Junta de Gobierno Local la construcción de un pabellón en La Herradura, a sabiendas, según el Ministerio Público, de que se levantaría sobre un suelo de alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico, y sin que se declarara la utilidad pública de la obra, un trámite que debería haberse llevado a cabo para que el proceso fuera legal, según denunció entonces la Junta de Andalucía.