El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha decretado la prisión eludible bajo fianza, con importes de entre 70.000 y 120.000 euros, para los tres detenidos en una operación en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Así, los imputados tienen un plazo máximo hasta el viernes, 8 de octubre, para hacer efectiva la fianza. En caso de no hacerse efectiva, se dictará mandamiento de prisión, según el auto dictado por el juez.

En concreto, la fianza impuesta para el ingeniero y profesor de la Universidad de Murcia, Renato de Noce, asciende a 120.000 euros, aunque el fiscal Juan Pablo Lozano solicitó la prisión sin fianza.

De igual modo, el juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el abogado Higinio Pérez Mateos, para el que el Ministerio Público solicitó una fianza de 240.000 euros.

Finalmente, el auto contempla la prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros para el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, para el que el fiscal solicitó una fianza de 150.000 euros.

Estas medidas cautelares se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. Las actuaciones continúan declaradas secretas.

El primero en salir de las dependencias judiciales fue Alberto Guerra, acompañado de su abogado Jaime Peris, quien se limitó a decir a los medios allí presentes que su cliente estaba "satisfecho" y confirmó su libertad.

Acto seguido, salió de los juzgados el ingeniero Renato, que lo hizo en solitario para introducirse en un taxi que lo esperaba a las puertas del Palacio de Justicia; y el tercero y último en salir fue Higinio Pérez, quien dijo estar también "satisfecho" y que todo estaba "bien".

La toma de declaraciones ante el juez comenzó a primera hora de la mañana, sobre las 10.00 horas, con Renato de Noce, cuyo abogado es José Antonio García Sánchez. Su comparecencia se prolongó hasta cerca de las 13.00 horas; seguida de la del letrado Higinio Pérez Mateos, defendido por Marcelo Sáez Alonso, que finalizó dos horas y media más tarde.

Tras hacer el juez Castillejos un receso para comer, se reanudó la toma de declaraciones con Alberto Guerra, que estuvo compareciendo durante cinco horas.

Durante la tarde, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Murcia, Manuel López Bernal, se dejó ver por las dependencias judiciales, aunque declinó hacer declaraciones a los medios.

Imputados en la operación

La operación comenzó este martes, con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encuentran el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, como presunto autor de un delito de prevaricación; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra, quien no se ha incorporado hoy a su puesto de trabajo. Fernández era en 1995 jefa del Servicio de Centralización del Consistorio.