El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), Ángel Diaz del Río, ha participado en el debate celebrado este miércoles bajo los auspicios del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la feria anual de la construcción Constructec-10, sobre la necesidad de cambiar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para mejorar la legalidad de los concursos profesionales.

En el debate ha participado también, entre otros, el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid. El decano Díaz del Río ha denunciado en su intervención la "absoluta insensibilidad" de los responsables públicos, incluso cuando se trata de profesionales de la arquitectura. En el mismo sentido, se quejó de que no existe ninguna colaboración de la Administración pública, y dijo que los concursos deberían ante todo favorecer la participación de los profesionales jóvenes.

El decano ha dicho en este sentido que la acumulación de criterios extraños a la profesión "priva a los arquitectos de una verdadera apreciación de su trabajo profesional". Díaz del Río presentó las conclusiones del informe hecho público este año, en el que los arquitectos de Sevilla denuncian ante la opinión pública que en la gestión de los concursos las Administraciones incumplen reiteradamente el espíritu de Ley de Contratos, practicando una manipulación intolerable y fracturando la legalidad.

Entre 2005 y 2009, la Oficina de Concursos del Colegio ha realizado un seguimiento continuo de las licitaciones de entidades públicas de la provincia de Sevilla que afectan a los arquitectos, con el objetivo de corregir los problemas que se detectasen, y para que así los profesionales colegiados pudiesen concursar con transparencia y en igualdad de trato. Pero de los 86 recursos presentados, sólo fueron estimados por las entidades convocantes 24 (el 28 por ciento), y de los 62 desestimados, 37 lo fueron por silencio administrativo.

Ante la falta de colaboración de las Administraciones Públicas, el Colegio se ha visto obligado a acudir al recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, lo que suele alargar el procedimiento durante años, y cuando tribunales fallan ya se han construido los edificios o se han puesto en aplicación planes de ordenación luego judicialmente condenados.

Las irregularidades más frecuentes son la aplicación de criterios subjetivos, la contratación conjunta de proyecto y obra, exigencias profesionales imprecisas o excesivas, el abuso del procedimiento de urgencia y de plazos demasiado cortos, el fraccionamiento arbitrario de contratos o el fomento de bajas temerarias en el presupuesto.

Los participantes en el debate insistieron sobre todo en la necesidad de que en los concursos se valore ante todo el contenido y la calidad profesional de las propuestas, ya que en la realidad se tienen en cuenta ante todo otro tipo de factores, como económicos y administrativos, que no dejan sitio a la capacidad de los arquitectos.