Varias defensas de acusados en el caso 'Malaya' han asegurado en la sesión de este miércoles que en este procedimiento se lesionó el derecho a no declarar contra si mismo y a no declararse culpable y han apuntado a que "se intentó obtener la autoincriminación por medio de una presión consistente en la prisión provisional".

La Ciudad de la Justicia de Málaga acogió hoy la quinta sesión de la vista oral contra los 95 acusados en la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), juicio que se retomará en dos semanas, en concreto el día 18, ya que para la próxima no se han fijado sesiones.

Así, Nicolás González Cuellar, letrado del dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, y de Francisco García Lebrón, un directivo de esta empresa, ambos acusados en este procedimiento, ha destacado la repercusión que tuvieron las prisiones preventivas decretadas en las confesiones.

"Se intentó y consiguió obtener la autoincriminación por medio de una presión consistente en la prisión provisional que había sido acordada y que podía ser desactivada si se obtenía una declaración de hechos en el sentido que se esperaba por parte del fiscal y el juez de instrucción", han indicado.

El letrado ha relatado lo ocurrido con García Lebrón, para quien se le decretó inicialmente prisión y luego volvió a declarar con una abogada de oficio, comparecencia en la que "reconoció los hechos, se autoincriminó, narrando lo que él pensaba que el juez esperaba oír". "Esa situación de prisión provisional se transformó en libertad provisional con fianza de 30.000 euros que pagó el día siguiente y salió en libertad esa misma noche", ha indicado.

Ha explicado que algo parecido ocurrió con su otro patrocinado, Ruiz Casado, para el que "se acordó su prisión provisional porque no dijo todo lo que se esperaba oír de él", pero que cuando volvió a declarar días después y "se autoincriminó totalmente, cuando ya sí manifestó lo que se esperaba que declarara, se acordó la libertad provisional con fianza con carácter inmediato".

El abogado ha asegurado que se ha hecho un estudio de las prisiones decretadas en relación con sus declaraciones ante el juez y ha señalado que "la conclusión es que se utilizó una presión para obtener la autoincriminación", ya que "los que reconocían los hechos salían de inmediato y los que no, tenían seis meses de prisión como expectativa".

Por su parte, el letrado Miguel Bajo, que representa al ex alcalde de Marbella Tomás Reñones, ha cuestionado la declaración prestada por su cliente ante el juez, al considerar que hubo "una maniobra" al dejar a una de las detenidas ir a los calabozos y comunicar al resto de detenidos ese día que "si contestan afirmativamente a las preguntas del juez irán a casa como ella".

En lo que se refiere a la defensa de los acusados Sabino Falconieri, José María González de Caldas y Miguel López Benjumea, su letrado también ha denunciado la supuesta vulneración del derecho a no declararse culpable, al considerar que las declaraciones no pueden ser instrumentos inculpatorios.

Juez instructor

Por otro lado, Miguel Bajo ha mantenido que en el caso 'Malaya' "no ha habido un juez instructor, sino un jefe de la Policía Judicial" y ha precisado que "tiene que sorprender la unanimidad con la que los letrados han considerado la instrucción merecedora de ser calificada nula".

"La corrupción administrativa la evitan los partidos políticos pero no un juez instructor que se irroga en el papel de enviado por alguien divino y que está fuera de los márgenes, los dictados y las limitaciones que las leyes establecen a los poderes públicos en defensa de los intereses de los ciudadanos", ha apostillado.

También el letrado González Cuellar ha asegurado que "la buena fe del juez instructor no asegura ni el acierto jurídico" y ha señalado que hubo "lesión del derecho", lo cual, "no supone la descalificación del juez instructor", a quien mostró su respeto profesional y del que destacó "su capacidad de trabajo y su inteligencia".

"Estamos convencidos de que su actuación ha tenido como móvil un noble propósito, como es la persecución de la corrupción que resultaba intolerable en Marbella, contra la cual la administración central y autonómica durante muchos años había seguido la política del avestruz, hasta que el señor Jesús Gil decidió presentarse con su partido a las elecciones en Ceuta y Melilla", ha apuntado.

Todo ello, ha dicho, "con grave daño del interés público, de la sociedad marbellí y española y del mercado, distorsionado por la toma de rehenes que los empresarios que tenían la desgracia de invertir en la localidad, sufrían entre la exacción ilegal y la extorsión".

También se ha referido a la vulneración del derecho a un juez legal y ha precisado que "se nos podría decir que la prevención del instructor sobre el posible reparto de asuntos podía tener como causa las sospechas sobre la integridad de uno de sus compañeros juez", en relación al juez Francisco Javier de Urquía, argumento que rechaza porque la causa que se remite al respecto es "más de un año después".

El letrado del responsable de Aifos también se ha referido a la nulidad de la acusación de la Junta de Andalucía respecto a sus clientes, a los que acusa por unos convenios urbanísticos, al señalar que la Comunidad Autónoma "dio la callada por respuesta" como "la política del avestruz que durante muchos años practicó en relación con corrupción que existía en Marbella y el caos político y urbanísticos de esa localidad". INICIALES

El abogado del empresario Rafael Gómez, 'Sandokán', ha pedido a la Sala que "se reclamen cuantas actuaciones se hayan practicado" para conocer la identidad de las iniciales J.A.G., que aparecía en unas anotaciones intervenidas al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en las que se detallaban supuestos pagos.

El letrado Antonio Urdiales ha destacado en su intervención "lo poco que tardaron" los investigadores en identificar por sus acrónimos "a las personas que aquí se sientan", en referencia a los acusados, aunque ha indicado que "cuando se trata de identificar a un alto funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que responde a las iniciales J.A.G. hasta ahora no sabemos quién es".

"No lo sabemos nosotros, en Internet introduce usted las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías porque será o no será, pero con estos mimbres no se trata de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, parece sospecharse presuntamente que no se puede tratar de otro", ha apuntado.

Así, ha añadido que "si de otra persona se tratase estaría más que detenido". El instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, solicitó a la Brigada de Régimen Interior de la Policía que localizara a una persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía, con iniciales J.A.G., que presuntamente recibió dinero, en concreto 200.000 euros, por parte de Roca a cambio de información.

En declaraciones a los periodistas, el letrado ha incidido en la necesidad de saber las investigaciones hechas en este sentido para identificar a J.A.G., "que supuestamente con el perfil que dibujó el fiscal de un alto cargo y con el perfil que dibuja el juez al interpretar el documento encontrado en el trastero de Roca, no hay más que uno". Cuestionado por quién sería, ha apuntado que: "Juan Antonio González".

Ha justificado estas manifestaciones en la posibilidad de que "pudiéramos estar ante un delito provocado". "Qué papel juega el señor Roca, a qué juega, está jugando a que cierta información sea conocida por lo jueces y otra no", se ha preguntado, al tiempo que ha cuestionado "por qué han desaparecido 17 archivadores en noviembre de 2005 tras el soplo" y "cuál era el contenido de esos archivadores".