Las Corts Valencianes han acordado por unanimidad expresar su absoluto rechazo a la condena a muerte por adulterio decretada contra Sakineh Mohammadi Ashtiani, una mujer iraní de 43 años y madre de varios hijos que fue inicialmente condenada a morir lapidada y finalmente será ejecutada en la horca.

La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, ha leído al comienzo del pleno la declaración institucional aprobada por todos los grupos, por la que la Cámara expresa su "absoluto rechazo" y "clara repulsa" a la condena que pesa sobre esta mujer, que se encuentra en una "gravísima situación de indefensión que va a derivar en su ejecución".

Aunque pareció en un primer momento que se había paralizado su lapidación, esta suspensión no ha sido definitiva. A juicio de los parlamentarios valencianos, el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani es "una muestra más de como los casos de violación de los derechos humanos persisten".

A esta mujer "se le han negado los más elementales derechos humanos", continúa la declaración firmada por todos los grupos, y añade que pese a que el Gobierno de la República Islámica de Irán ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la situación de las mujeres es "dramática por la negación sistemática de sus derechos fundamentales".

Por todo ello, las Corts expresan su apoyo y solidaridad con todas aquellas personas que hayan sufrido "cualquier tipo de violación de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos" y acuerdan renovar su compromiso "firme y decidido" con la Declaración.

Asimismo, se solidarizan con Sakineh Mohammadi Ashtiani, al tiempo que manifiestan su apoyo a todas las mujeres a las que se les niegan los más elementales derechos humanos.

También instan al Consell a sumarse a esta iniciativa y a dirigirse al Gobierno de España para solicitarle que aporte respaldo institucional e interceda a favor de esta mujer ante el gobierno iraní para que respete la Declaración Universal de Derechos Humanos y anule la sentencia.