Colectivos sociales y sindicatos han pedido al Gobierno vasco que reconozca el Servicio de Asesoramiento jurídico a inmigrantes, Heldu, en el marco de la Ley de Servicios Sociales y en la Cartera de Prestaciones Sociales "para que no dependa de los vaivenes políticos y se asuma como una responsabilidad pública".

Colectivos sociales, sindicatos y ex trabajadores de Heldu han comparecido ante la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco, a petición de la parlamentaria del PNV Nerea Antia, durante más de tres horas, para dar a conocer su posición ante el nuevo modelo de gestión del Servicio de Asesoramiento jurídico a inmigrantes que quiere implantar el Departamento de Asuntos Sociales, tras el cierre del servicio jurídico Heldu.

La responsable de la coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, Harresiak Apurtuz, Franci Fonseca, ha considerado que la nueva forma de coordinar y gestionar los apoyos a los inmigrantes en situación irregular implantada desde julio "no es suficiente" y ha denunciado que con el cierre de Heldu "se ha eliminado una referencia clara en materia jurídica para los inmigrantes, para el personal técnico de las entidades sociales y para el funcionariado de los municipios, lo que ha generado una situación de incertidumbre".

Asimismo, ha criticado que debido a la reordenación de subvenciones, muchos de los programas complementarios a Heldu han visto recortado su presupuesto hasta en un 80 por ciento.

Fonseca ha denunciado que la propuesta del Gobierno "carece de diagnóstico objetivo que valore los resultados de gestión del servicio Heldu; no cuenta con un mapa de servicios para definir el objetivo del nuevo servicio; y anuncia una serie de apoyos que no se concretan de ninguna forma".

"responsabilidad pública"

"Seguimos sin tener una respuesta clara por parte del Gobierno sobre cómo se van a garantizar la atención jurídica a las personas inmigrantes", ha insistido, antes de instar a los legisladores a que "reconozcan este servicio en el marco de la Ley de Servicios Sociales y en la Cartera de Prestaciones Sociales, para que no dependa de los vaivenes políticos y se asuma como una responsabilidad pública".

El secretario general de Cáritas Euskadi, Jose Emilio Lafuente, ha explicado que el 70 por ciento de los atendidos por Cáritas forma parte colectivo inmigrante y "en gran medida" tiene una situación jurídica irregular, "lo que hace necesario que haya un servicio de la naturaleza de Heldu".

La responsable la atención jurídica a personas inmigrantes en Cáritas Bilbao, Susana Cuesta, por su parte, ha defendido que las explicaciones dadas por el Gobierno vasco sobre el nuevo modelo "adolecen de falta de definición y concreción" y ha denunciado que existen "falta de información" sobre el mismo, ya que "no se ha concretado a los inmigrantes el itinerario a seguir".

"Esto ha tenido como consecuencia que los usuarios han acudido a las entidades del Tercer Sector en busca del asesoramiento jurídico que se les estaba ofreciendo en Heldu, a veces incluso derivadas de los Servicios Sociales de Base", ha explicado.

INDEFENSIÓN

Además, ha defendido que la atención telefónica y por internet "no puede sustituir a la atención presencial, principalmente por las dificultades de idioma de los usuarios o por su desconocimiento de procedimientos administrativos", por lo que ha subrayado la necesidad de realizar una entrevista personal en la que la persona inmigrante pueda expresar su demanda y tengan así un "lugar de referencia" al que acudir. "Existe una sensación de indefensión por parte de los inmigrantes, porque no saben a dónde acudir", ha reiterado.

Cuesta ha criticado también que en el nuevo modelo no se define el "papel concreto" de las entidades del Tercer Sector ni las relaciones de "complementariedad o subsidiariedad" con la Administración.

Desde SOS Racismo Bizkaia, Brígida Ridruejo, ha pedido al Gobierno vasco que la reordenación de los servicios sociales se haga de manera que se respeten los derechos de los inmigrantes y "no se eche por tierra un servicio creado con el esfuerzo de muchas personas e instituciones y que gozaba de un reconocimiento amplio como respuesta puntera en el resto del Estado".

"Estamos abiertos a un nuevo modelo de atención jurídica, siempre que se base en el consenso social y que el Gobierno asuma de forma directa la responsabilidad del servicio", ha señalado.

Los sindicatos ELA y LAB han criticado la reforma del Gobierno vasco al considerar que no da una respuesta a la demanda actual. Además, han señalado que las Instituciones deben ayudar a los inmigrantes y que es "fundamental" ofrecerles apoyo jurídico. "¿Que va a pasar con estas 34.000 personas que acudían a Heldu?", se ha preguntado.

Ex trabajadores

En representación de los 23 ex trabajadores de Heldu, Iñigo Arkaute, ha defendido que la propuesta del Gobierno vasco no consiste en un cambio de modelo, sino que se trata de un "cierre tajante" y ha señalado que la propuesta del Ejecutivo es un modelo "transitorio, insuficiente e improvisado, que no es comparable a lo que existía". "El colectivo de inmigrantes es vulnerable y necesita un servicio como el que se prestaba", ha insistido.

Asimismo, ha reiterado que con el planteamiento del Gobierno vasco ahora se "dispersa" el trabajo de Heldu y ha defendido que "ante necesidades concretas, es necesario dar una respuesta específica".

Arkaute ha hecho referencia a las acusaciones de la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien afirmó que quieren ser funcionarios "por la puerta de atrás". El representante de los trabajadores ha dicho que esta afirmación es una "difamación", ya que los trabajadores recibían órdenes de la Dirección de Inmigración y existía una "conexión directa" entre el director y la coordinadora de Heldu para decidir qué expedientes se tramitaban.