Los abogados del Estado español y los de la clasificadora ABS, que certificó en 2002 que el Prestige estaba en condiciones de navegar, mantendrán este miércoles un encuentro en la Corte de Nueva York para iniciar el proceso de apelación puesto en marcha por España ante la decisión del juzgado estadounidense de archivar la demanda contra la clasificadora por su responsabilidad en el accidente del petrolero.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Abogacía del Estado, sobre las 14.00 horas de este miércoles —hora neoyorkina— tendrá lugar una primera "reunión informal" entre las partes personadas, un procedimiento "habitual" en la práctica procesal norteamericana en casos de apelación.

En concreto, las partes —abogados del Estado y de ABS— mantendrán una "conferencia informal" con el secretario judicial en la que se pondrán de acuerdo en los trámites a seguir en la apelación y los "plazos aproximados" en los que se seguirán estos pasos, aunque no tratarán "ningún contenido" sobre el caso.

En estimaciones de la Abogacía del Estado, el periodo que le queda por delante a esta causa podría abarcar unos "seis o siete meses", en los que España presentará un escrito de apelación contra el archivo de la causa y ABS contrapondrá su escrito de oposición. Posteriormente, ambas partes podrán presentar sendas contrarréplicas y, si el juzgado lo considera pertinente —algo que Abogacía del Estado ve "posible"—, se practicarán pruebas.

El objetivo final de este proceso intermedio será que el juez tome una decisión acerca de si el caso "está bien archivado" o si, como sostiene España, existe una "grave negligencia" por parte de la clasificadora —que certificó el buen estado del Prestige para navegar—, lo que la haría responsable, junto con la propietaria del buque, ante el Estado costero dañado.

Un tribunal federal estadounidense rechazó en agosto la demanda interpuesta por el Gobierno de España contra ABS al entender que, según las leyes norteamericanas, el responsable de las deficiencias que provocaron el hundimiento del Prestige el 13 de noviembre de 2002 frente las costas gallegas es su propietario y no la clasificadora. España reclama a ABS una indemnización por daños de unos 1.000 millones de dólares.