La Guardia Civil dice que la orden para la operación de Murcia le fue dada el 15 de septiembre

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dio la orden a la Guardia Civil el pasado 15 de septiembre para iniciar la operación contra la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Murcia en la que han resultado detenidas tres personas, según informaron a Europa Press fuentes oficiales del Instituto Armado.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dio la orden a la Guardia Civil el pasado 15 de septiembre para iniciar la operación contra la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Murcia en la que han resultado detenidas tres personas, según informaron a Europa Press fuentes oficiales del Instituto Armado.

Los tres detenidos son el director de la Gerencia de Urbanismo del consistorio murciano, Alberto Guerra, e I.P.M. y R.N, ambos profesores de universidad. Los tres pasarán este miércoles a disposición judicial.

La operación se iniciaba esta mañana con el registro de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento murciano. A este se suman otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid.

Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

Agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado el domicilio madrileño y la sede del presidente y máximo accionista del Real Murcia, Jesús Samper Vidal, en relación a este caso, según precisaron a Europa Press fuentes de la investigación que han informado que Samper estaría vinculado a presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estadio de la Nueva Condomina en Murcia.

Estas mismas fuentes han precisado que se registra su casa en la capital así como la sede de una de sus empresas en la madrileña calle de Serrano. Se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado el presidente del Murcia a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del nuevo estadio, inaugurado en octubre de 2006, así como un complejo de viviendas.

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