El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha citado a declarar para este miércoles a varios miembros del clan de los 'Caracoleños', —exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana—, por la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado. Estas personas ya habían sido llamadas a declarar el pasado mes de julio a cuenta de la denuncia formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) por la ruptura de los precintos y la ocupación de las viviendas, pero por diversos motivos no comparecieron según lo ordenado.

José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, ha informado a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número ocho arrancará la ronda de comparecencias a partir de las 10,30 horas de este miércoles, después de que el pasado mes de julio tomase declaración a miembros de la mayoría de las aproximadamente 40 familias que conforman este grupo. Tanto la ronda de comparecencias promovida para el mes de julio, como los nuevos llamamientos, responden a las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia formulada por EPSA por la supuesta ocupación ilegal de 41 viviendas del Polígono Sur cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía.

Durante todas las comparecencias consumadas el pasado mes de julio, los denunciados reconocieron que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el Juzgado de Instrucción número ocho les atribuye una ocupación de estas viviendas públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello. A tal efecto, la citada instancia judicial ha resuelto cada una de las comparecencias con la emisión de plazos de diez días para el desalojo voluntario de los pisos, aspecto ya recurrido por José Estanislao López.

La defensa de los denunciados

El abogado defensor, ante la denuncia de EPSA, está esgrimiendo el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas".

Entre los nuevos llamamientos, destaca el caso de una de estas personas que se encuentra presa en el centro penitenciario de Morón de la Frontera. A tal efecto, el Juzgado de Instrucción número ocho había librado un exhorto para que se le tomase declaración en la propia cárcel.

Del poblado de los bermejales a las órdenes de desalojo

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias

De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.