El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha denunciado en As Pontes (A Coruña) que el proyecto de resolución de la Secretaría de Estado sobre la aplicación del decreto del carbón en 2010 establece que el 13 por ciento de la energía en España se producirá con carbón nacional, lo que supondría una "contradicción con la normativa de la Unión Europea" y una condena al cierre de las centrales térmicas de As Pontes y de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda.

Javier Guerra se desplazó este martes a As Pontes para reunirse con el alcalde de la localidad y con el regidor de Cerceda. En el salón de plenos del Ayuntamiento se mantiene desde la noche de ayer un encierro convocado por el gobierno local —liderado por el Partido Socialista— y secundado por un grupo de camioneros que realizan el transporte del carbón desde el Puerto de Ferrol hasta la central térmica de Endesa.

El encierro se mantendrá hasta el jueves, el día en el que está previsto que los alcaldes de As Pontes y de Cerceda, Valentín González Formoso y José García Liñares, respectivamente, se desplacen a Madrid para mantener una reunión con el secretario de Estado de la Energía, al que le reclamarán "garantías de viabilidad y de funcionamiento" de las centrales térmicas.

Según transmitió en As Pontes el titular de Economía, la Comisión Nacional de Energía remitió a las 21.00 horas del lunes a la Xunta de Galicia el proyecto de resolución sobre las cantidades de carbón, volúmenes de producción y precios de retribución de la energía para el año 2010, como aplicación del decreto del carbón.

Guerra aseguró que de este documento se deriva que el 13 por ciento de la producción nacional de la energía se realizará a través de carbón nacional, por lo que entiende que "por lo tanto, las centrales térmicas de As Pontes y de Cerceda tendrán que cerrar". ALEGACIÓN

El conselleiro puntualizó que con este documento "se demuestra una contradicción con la normativa de la Unión Europea que autorizó hasta el 9 por ciento del carbón nacional", puesto que si se aplica este proyecto de resolución se produciría una "incoherencia porque hasta el 13 por ciento será de carbón nacional", añadió. Ante esto, anunció que la Xunta de Galicia va a alegar a la resolución de desarrollo del decreto del carbón porque las condiciones establecidas "no son las aprobadas por la Unión Europea".

Asimismo, el titular de Economía, que se comprometió a trabajar "no en forma de colores políticos" sino "conjuntamente" con los Ayuntamientos de As Pontes y de Cerceda, denunció que "hasta el momento", el "comportamiento del Gobierno de España está siendo de absoluto irrespeto institucional. "No se nos contestan las cartas, no se tiene en cuenta la opinión del Gobierno legítimo de Galicia", manifestó.

También Guerra manifestó que la Consellería de Economía ha dado orden a los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia para recurrir el decreto del carbón ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal de las Comunidades Europeas.

PROTESTA

Por su parte, los camioneros que secundan la protesta en el salón de plenos del Ayuntamiento de As Pontes anunciaron que mantendrán su encierro como mínimo hasta el jueves, aunque podrían prorrogarlo, dependiendo del resultado de la reunión prevista en Madrid.

El colectivo de los transportistas puede ser uno de los más afectados de forma directa en caso de que se reduzca la producción energética de As Pontes, ya que son sobre 130 los camioneros dedicados en exclusiva a transportar el carbón desde el Puerto de Ferrol hasta la central eléctrica de Endesa.

Los transportistas denuncian que no han recibido ningún tipo de explicación por parte de Endesa, a pesar de que hace apenas unos meses les obligó a modificar todo el sistema de carga y sus camiones, para adaptarlo a las descargas del puerto exterior. Un cambio que les supuso sobre los 120.000 euros de gasto a cada uno, pero que limita sus camiones al transporte del carbón.

"Endesa nos obligó a comprar camiones por encima de 400 caballos, que no pesaran más de 13.500 kilos, con suspensión neumática, báscula y eso supone mucho dinero, y ahora Endesa se olvida de nosotros", denunció José Juan Abeal, un camionero de 56 años de Narón.