El coordinador provincial de IU en Córdoba, Francisco Martínez, considera "desproporcionada" la acusación realizada por el fiscal, que solicita un año y tres meses de cárcel para cada uno de los dos detenidos el día de la huelga general, 29 de septiembre, por supuestamente agredir a agentes de la Policía Nacional en la puerta de El Corte Inglés.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha dicho que le parece "una auténtica desproporción la pena que se le pide y la acusación que se hace", si bien confía en que no se va a poder demostrar absolutamente nada. No obstante, lamenta que "en esta maravillosa democracia valga más la palabra del agente policial que la del trabajador, que está defendiendo un derecho constitucional".

Según ha explicado, "los trabajadores estaban en El Corte Inglés como un piquete informativo y era la Policía la que provocó a los manifestantes". Ha subrayado que "un piquete tiene todo el derecho a informar a los trabajadores de la huelga y es la Policía la que impide que ese piquete pueda hacerlo" en este establecimiento comercial, donde la "inmensa mayoría de sus empleados tienen contratos basura y no cobran lo que les corresponde".

De este modo, Martínez ha señalado que "posiblemente las agresiones que dicen que sufrieron los agentes fue en la carga que hicieron contra los trabajadores, impidiendo un derecho constitucional", lamentando que no se hable de las agresiones que uno de los dos acusados recibió ese día.

Además, ha apuntado que hubo un parlamentario andaluz que estaba defendiendo los derechos de los trabajadores, José Manuel Mariscal, que recibió empujones de la Policía y ningún agente va a ser sancionado por haberlo agredido.

Por estos hechos, el fiscal pide además para ambos una multa de 4.500 euros por un delito de coacciones, así como 300 euros por dos faltas de lesiones.

Según el escrito de acusación del fiscal, los encartados formaban parte de un piquete compuesto aproximadamente por 200 personas. En el momento de la apertura de El Corte Inglés, los manifestantes obstaculizaron la puerta principal del establecimiento, impidiendo la entrada a las personas que libremente querían acceder a su interior, "a las que proferían insultos y propinaban empujones". Por este motivo, agentes de la Policía Nacional formaron un cordón para facilitar la entrada de los clientes, "lo que provocó una respuesta violenta de los manifestantes, que empujaban e increpaban a los agentes y lanzaban huevos contra la fachada".

Así, según el escrito del fiscal, dos agentes se dirigieron a uno de los encartados para identificarlo, iniciando este un forcejeo con los policías y propinando una patada a uno de ellos. En ese momento, el otro acusado, "ataviado con un pasamontañas y portando una defensa en la mano", se dirigió a dos agentes, que al tratar de arrebatársela, recibieron golpes, patadas y empujones.

Como consecuencia de las agresiones, uno de los agentes sufrió contractura muscular paravertebral e inflamación en una mano; otro, erosión y hematoma en una pierna; un tercero, dolores en bíceps y muñeca izquierda, y el cuarto, erosiones y hematomas en región dorsolumbar y brazo izquierdo, así como contractura muscular. El fiscal pide, además, indemnizaciones para los agentes que suman 1.440 euros.