El presidente de CiU, Artur Mas, ha acusa al Govern de practicar una "política de tierra quemada" sobre las finanzas públicas, tras alertar que, a dos meses de las elecciones catalanas y a pocos días de la disolución del Parlament, están creando obligaciones de futuro que conllevarán unos gastos que serán, en gran parte, inasumibles.

En una conferencia en el XV Encuentro de Economía de S'Agaró, ha apuntado que, dada la "precaria" situación financiera de la Generalitat, no es normal que el Govern se esté comprometiendo de cara al futuro "con gasto recurrente con dinero que no hay, así como con gastos que sólo generan deudas que no se pueden asumir, hipotecando la capacidad de acción de cualquier futuro gobierno de Catalunya".

En este marco económico, Mas ha aprovechado para repasar que sus prioridades si gobierna pasarán por levantar Catalunya económicamente, reformar la administración pública e impulsar el nivel educativo.

"Tenemos el doble de paro que la media europea, el doble de paro juvenil que la media también de Europa y el doble de fracaso escolar", ha subrayado Mas, quien ha insistido en su compromiso de rebajar a la mitad el promedio de fracaso escolar.

También se ha referido a la reforma laboral, afirmando que era necesaria pero que no ha convencido "a nadie", a la espera de la respuesta de los mercados internacionales.

El problema, según Mas, es que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha incumplido su compromiso "y ha tenido que tocar los derechos laborales".

En materia de pensiones, ha reiterado que es un debate que debe abordarse en el marco del Pacto de Toledo, con la presencia de los partidos y agentes sociales. "No lo decidirán el Gobierno y los sindicatos por su cuenta, más allá de algunos mensajes que ahora quieran lanzar", ha indicado.

Además, ha opinado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "incumplen sistemáticamente" con los compromisos adquiridos con Catalunya, alegando que no se ha respetado en los últimos años lo que establece el Estatut en materia de infraestructuras.

"La financiación que se nos vendió como estratosférica, el próximo gobierno, a fecha de 1 de enero de 2011, deberá volver dinero al Estado: 5.000 millones de euros en cuatro años, con un déficit fiscal escandaloso de entre 1.500 y 2.000 millones anuales", ha manifestado.