El Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo ha incoado diligencias previas por un posible delito de fraude de subvenciones en la parcela B-16 del Polígono de Olloniego, por parte de las empresas URVISA y Bitácora, no sólo por las subvenciones otorgadas de los Fondos Miner, sino también por la desgravación en el impuesto de construcciones e instalaciones por parte del Ayuntamiento.

Así lo han anunciado este sábado en rueda de prensa los concejales del grupo municipal socialista, Alfredo Carreño y Féliz Fernández, que el pasado 2 de julio de este año presentaron una denuncia en el juzgado de Guardia al considerar que de la documentación aportada por el Ayuntamiento respecto a este asunto se podía deducir un delito de fraude.

Carreño explicó que ahora se está pendiente de que el juzgado señale una fecha para que declaren los responsables de ambas empresas, no descartando que se puedan ampliar las declarciones a miembros del Equipo de Gobierno.

El concejal socialista hizo un somero repaso por la "complicada historia" de esta parcela del polígono de Olloniego. Así recordó que la primera fase del polígono industrial se inauguró en 2002 gracias a una importante partida de fondos mineros, que permitieron abaratar el precio de las parcelas. Tras abrir un concurso público, el Gobierno local adjudicó a URVISA la susodicha parcela de 16.000 metros cuadrados por 433.000 euros.

A los dos meses esta sociedad inscribió esta finca a nombre de Bitácora 2002 S. L. y ésta, a su vez, la dividió en seis partes, con lo que al final, el terreno quedó dividido en 17 partes, de las que 14 estaban libres, en régimen de venta o alquiler, inclumpliendo de este modo según los socialistas "las condiciones de la concesión".

En 2008 el Ayuntamiento devolvió a URVISA lo avalado, tras certificar que las obras eran conformes al proyecto acordado, aunque "los pliegos de condiciones dejaban claro que estaba prohibida la venta, alquiler o parcelación". Fue entonces cuando el PSOE denunció el asunto y lo llevó ante la Fiscalía, que archivó el caso pero reconoció que "hubo enriquecimiento ilícito y se incumplió lo pactado".

En ese momento se elaboró un informe donde los técnicos concluían que había un incumplimiento de contrato por lo que el Ayuntamiento devolvería a URVISA lo pagado y éste que quedaría con lo construido. Entonces el equipo de Gobierno encargó otro informe "a un conocido bufete, cliente suyo de forma habitual", según Carreño para que "los amigos del Alcalde se pudieran quedar con la parcela".

Basándose en ese dictamen la Junta de Gobierno celebrada el 8 de abril de este año dejó sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de junio de 2009 en la que se había acordado que URVISA devolviese la parcela, lo que motivó que los concejales del PSOE, Carreño y Fernández presentasen un recurso al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que fue admitido a trámite y que a día de hoy se encuentra a la espera de que el ayuntamiento conteste en el plazo que marca la Ley y que finaliza el día 20 de este mes de octubre.

Espinosa llamada a declarar.

"Nuestra intención es llamar a declarar a los funcionarios y miembros del Equipo de Gobierno que participaron en esta operación, entre otros la concejala Isabel Pérez Espinosa, que fue la secretaria de la Junta de Gobierno donde se tomó la decisión de no rescatar la parcela", dijo Carreño.

Así las cosas, desde el PSOE están convencidos de que lo ocurrido con esta parcela "no es ni mucho menos un caso aislado", sino que forma parte de "un tinglado de amigos del alcalde que evidencia una trama de enriquecimientos ilícitos" a través del Polígono.