La prueba pericial caligráfica fue practicada a todo el entorno familiar de Pinochet y a sus principales colaboradores, y, según el matutino, que cita fuentes ligadas a la investigación, se descartó que en la falsificación hayan participado otras personas.

El origen de la diligencia se remonta al 28 de diciembre, cuando el magistrado recibió un informe de un perito caligráfico que determinó que las rúbricas de una buena parte de los documentos bancarios que comprometen a Lucía Hiriart eran falsas.

Tras recibir el informe, el juez Cerda, que investiga el caso, ordenó pruebas periciales caligráficas al propio Pinochet, a sus hijos Augusto y Marco Antonio y Jacqueline, así como a los más estrechos colaboradores del ex dictador (1973-1990).

A la espera de un segundo informe

Después de recibir el informe que inculpa a Pinochet, el juez ordenó que se realizara otra comprobación judicial para ratificar los resultados de la primera, señala La Tercera. Si el nuevo peritaje coincide con el anterior, el ex dictador podría sumar un nuevo proceso por falsificación de instrumento privado.

En el caso de las cuentas secretas, el militar de 90 años está procesado desde noviembre como autor de evasión tributaria, falsificación de documentos de la subsecretaría de Guerra, declaración falsa de bienes y de pasaportes.

El matutino destaca que fuentes cercanas a la defensa minimizaron la situación y afirmaron que la suplantación de firmas es muy común entre matrimonios.

Parte de la familia, procesada

Lucía Hiriart y su hijo Marco Antonio fueron procesados el pasado 10 de agosto como cómplices del delito tributario que le imputa a Pinochet el juez Sergio Muñoz, quien investigó el origen de la fortuna del ex dictador desde mediados del 2004.

Muñoz dejó el caso después de ser ascendido a la Corte Suprema, que designó a Cerda en su reemplazo. En estos momentos, la esposa de Pinochet y su hijo están en libertad provisional.

Pinochet está encausado, asimismo, por los crímenes de la Operación Colombo, un operativo montado en 1975 para enmascarar el asesinato y desaparición de 119 opositores, y fue desaforado el pasado 11 de enero por dos homicidios de presos políticos cometidos por la "Caravana de la Muerte", causa que había sido sobreseída por la Corte Suprema en el 2002.