El presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, ha exigido "atajar ya" la situación "crítica" de los juzgados de la autonomía porque, según ha dicho, a los magistrados les consume la "impaciencia" y les aflora una sensación de "desasosiego".

De la Rúa se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en la apertura del Año Judicial, en la que ha estado acompañado por el fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat, Ricard Cabedo; la portavoz y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo y Fernando de Rosa, respectivamente; y la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart. Durante el acto, se ha impuesto la Cruz de San Raimundo de Peñafort al magistrado José Andrés Escribano, ya jubilado.

El presidente del TSJCV se ha referido a lo largo de su intervención al "necesario" cambio de rumbo de la Justicia, y a la "inquietud" que existe entre los magistrados. Ha señalado que existe "un mero preludio que no deja de suscitar bastante incógnitas", ha puntualizado.

También ha afirmado que se podría tildar la etapa transcurrida en el último año judicial como la del inicio de la travesía reformadora "adobada con un cierto grado de inquieta expectativa". En este punto, ha indicado que es "significativo" que el espíritu modernizador "ha dejado de ser materia de primer orden en la consideración pública e informativa, salvo en aspectos muy específicos, e incluso se ve pospuesto por la traída a colación de otros temas, como los Consejos Autonómicos del Poder Judicial, con matices de más acusadas connotaciones políticas que no inciden de manera directa en la esencia de los planes reformadores".

Por ello, ha argumentado que "se impone" rescatar el vigor con que se encaró el proyecto de modernización, y ha afirmado que "es preciso acometer con energía y firmeza el núcleo central del dispositivo modernizador, pues es hora de que Justicia se adecúe a la dinámica propia de la sociedad en la que se halla inmersa". FISCALÍA

Por su parte, Ricard Cabedo ha hecho un repaso de la situación en la que se encuentran las fiscalías de la Comunitat y ha pedido en primer lugar redimensionar las plantillas de funcionarios del ministerio público. Ha justificado esta petición en que mientras que entre 2005-09 el aumento de fiscales fue del 29,60 por ciento —al pasar de 179 a 232—, el de funcionarios se situó en el 3,14 —de 159 a 164—.

Junto a ello, ha abogado por crear un protocolo para guardar los documentos importantes y que éstos "no queden al alcance de cualquiera". "No puede ser —ha indicado— que asuntos importantes estén encima de la mesa con cierras de puertas que son, en el mejor de los casos, de broma".

Así, estima que "no hay una visión global de lo que significa la custodia de datos, algo que ya ha dado algún disgusto en esta comunidad por la destrucción inadecuada". "Se trata de destruir de forma adecuada, y no es un capricho. Lo dice la Ley de Protección de Datos", ha resaltado.

Además, "tampoco hay una organización clara sobre la conservación de lo importante y sobre qué es lo que se puede destruir en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico". Así, "se produce un problema de acumulación de papel y llegará un momento en que habrá que buscar un sitio", ha puntualizado.

En cuanto a la situación en la que se encuentran algunas fiscalías de la autonomía, ha señalado que están "contentos" con la Fiscalía de Área de Alzira, la de Torrevieja y la de Elx. Respecto a la de Orihuela ha dicho que las instalaciones están bien pero "algo ajustadas"; mientras que la de Gandia "es una situación harto penosa en el tiempo, que no es ni adecuada ni conveniente". También ha lamentado que las instalaciones de Alicante son "indignas".