El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto del carbón autorizado por la Comisión Europea que incentiva la quema del mineral nacional en las centrales eléctricas, lo que ha provocado las protestas en Galicia por la repercusión que tendrá sobre las centrales de As Pontes y Meirama.

Aparte de los encierros que protagonizan trabajadores de estas centrales, la Xunta ya ha avanzado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo (TS) una vez que el real decreto que prima la quema del carbón nacional esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Además, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión en base al derecho de las comunidades afectadas "a ser escuchadas".

La nueva legislación, que tiene un carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014, garantiza el uso del carbón autóctono en los momentos de caída de la demanda de electricidad y posibilita el cumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012.

El Ejecutivo explica que el decreto podrá ser dejado sin efecto antes de la fecha establecida para su término si en un momento dado no resultara necesaria su aplicación, a la luz de las condiciones del mercado.

El Gobierno justifica la nueva norma indicando que la caída de la demanda eléctrica de los dos últimos años y la condición de isla energética de España están dificultando e incluso impidiendo la utilización del carbón autóctono, lo que pone en riesgo el mantenimiento de la única fuente de combustible fósil ampliamente disponible en España, con un "peligro real de cierre inmediato de las centrales de carbón y, por extensión, de las minas españolas".

Con el nuevo Real Decreto 134/20101 aprobado hoy, que actualiza el ya aprobado por el propio Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, se resuelve esta situación al priorizar el uso de carbón autóctono en el mercado eléctrico.

Modo de funcionamiento

El mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro prevé la retirada de la producción de determinadas centrales en determinadas circunstancias y su sustitución por otras centrales que utilizan carbón autóctono como combustible.

Las unidades sustituidas serán siempre instalaciones térmicas emisoras de CO2 y para su relevo se seguirán criterios medioambientales, de tal forma que se retirarán primero las que más dióxido de carbono emitan.

Límite legal

El límite legal máximo de utilización de carbón autóctono es del 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional al año.

El Gobierno asegura que el decreto cumple íntegramente con este requisito, ya que las cantidades garantizadas en ningún caso superarán el 9% de la demanda total eléctrica, cifra que irá decreciendo.

"Se trata, por tanto, de un mecanismo de ajuste posterior al mercado diario por lo que no introduce distorsiones en la formación del precio de la energía, y que minimiza el impacto medioambiental, ya que sustituye las plantas que más contaminan", afirma el Gobierno.

El decreto de febrero

En el pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros ya aprobó una primera versión del real decreto, cuya aplicación quedó suspendida a la espera de su autorización por Bruselas.

Una vez conocidas las reservas comunitarias al texto inicial, y con la finalidad de que la normativa fuera compatible con el Tratado de la Unión Europea, el Ministerio de Industria introdujo las modificaciones necesarias para su definitiva autorización por parte de la Comisión Europea, recibida esta misma semana.

La modificación ha consistido básicamente en suprimir de la versión anterior el anexo que establecía pagos a las centrales que fueran desplazadas por el mecanismo de restricciones por garantía de suministro, entre ellas los ciclos combinados de gas.