La formación IU en Extremadura considera que la política de gasto que contiene los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suponen "un freno" para el inicio de la recuperación económica de la región.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno ante las Cortes Generales implica, según apunta en nota de prensa IU, "sobre todo un disminución de la inversión pública en Extremadura", y "por tanto, un descenso de la actividad económica y el incremento del número de desempleados".

Los presupuestos para el próximo ejercicio tampoco presentan "ninguna novedad significativa" en materia fiscal, según la formación, que entiende por tanto que el Gobierno "apuesta por centrar el peso de la carga fiscal en las clases populares, en lugar de incrementar las obligaciones fiscales de las clases más privilegiadas y de las empresas con altos beneficios en tiempos en los que las administraciones públicas ven notablemente mermados sus ingresos".

Asimismo, IU alerta de que el acuerdo adoptado entre PSOE y PNV en el que los nacionalistas apoyarán estos presupuestos a cambio de la transferencia de las políticas activas de empleo "puede suponer la ruptura del principio de caja única en la seguridad social", además de "la discriminación presupuestaria de las CC.AA. más pobres en beneficio del País Vasco y de todas aquellas que se vieran beneficiadas por este tipo de medidas al disponer de un mayor nivel de ingresos en sus territorios".

Asimismo, recuerda que desde el inicio de la crisis, la política económica y social del PSOE en Extremadura y en el conjunto de la nación se ha basado en la "aminoración" del gasto público y el "recorte" del gasto y de los derechos sociales y económicos, y añade que ello, junto con la presentación de estos presupuestos, "consolida al PSOE como el representante político de la derecha económica y financiera".

Por todo ello, y tras conocer las propuestas del ejecutivo de Rodríguez Zapatero en materia de relaciones laborales, pensiones, gasto público y fiscalidad, IU entiende que los "esfuerzos" del Gobierno para superar la "difícil" situación económica y social del país tiene como objetivo "garantizar el cumplimiento de las demandas que les exige los mercados internacionales, y en ningún caso, salvaguardar los niveles de bienestar de los ciudadanos".